Las amenazas contra varios jueces y fiscales federales que se hicieron públicas esta semana generaron una enérgica reacción de las entidades que representan a los magistrados. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salieron a repudiar las amenazas y a solidarizarse con aquellos magistrados que tienen a su cargo causas vinculadas con la violación de los derechos humanos.
Este viernes quedó constituida la Comisión Permanente de Protección de Independencia Judicial que será coordinada por las ministras Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. En ese marco, el máximo tribunal expresó su “profunda” preocupación “por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a la violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de Derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las Instituciones”.
El tribunal agregó que “es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto.
La entidad que preside Alejandro Aispuro condenó los “intentos de sectores antidemocráticos” por “intentar condicionar la acción de la Justicia”. “La defensa de los derechos humanos no tiene otras banderas que las de la dignidad de las personas y el compromiso con los valores republicanos y democráticos”, dijeron los jueces provinciales, al tiempo que aclararon que “a la luz de esos valores y de nuestra Constitución son y serán juzgados cada uno de los hechos que ingresen en la órbita de la acción judicial”.
Además, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se solidarizó con la familia de Jorge Julio López, desaparecido desde el 17 de septiembre, e hizo votos “por su pronta reintegración a la sociedad”.
Por su parte, la Asociación que preside Miguel Caminos repudió las intimidaciones recibidas por varios funcionarios y pidió que los poderes públicos “garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación y la eventual acusación y decisión” de las causas vinculadas a los derechos humanos.
A través de un breve comunicado, la entidad sostuvo que “este tipo de situaciones resulta impropia de una sociedad civilizada” y exigió su pronto esclarecimiento. También cuestionó duramente a sus autores. "Las amenazas con claro sentido intimidatorio a cualquiera de los miembros del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos son herramientas de quienes carecen de la razón suficiente para defender sus intereses sometidos a decisiones jurisdiccionales pretendiendo torcer éstas, y ello no puede ni debe admitirse sin correr el riesgo de afectar profundamente el marco institucional propio de un sistema republicano de gobierno”, asegura la declaración a la que accedió este medio.
Por su parte, los consejeros y jueces Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola anticiparon que le van a solicitar al pleno del Consejo que emita un comunicado “que debe ser puesta en inmediato conocimiento de la opinión pública; en el cual se efectúe el mas profundo repudio por estos incalificables hechos que intentan socavar las bases del sistema democrático de gobierno, comenzando por el ataque a los miembros del poder del Estado que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que forman parte integrante de la misma”.
La ola de amenazas contra jueces y fiscales se hizo pública esta semana. Primero se conocieron intimidaciones, por escrito, contra los miembros del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo, que condenaron a reclusión perpetua a Miguel Etchecolatz. Eso desembocó en una catarata de denuncias que incluyen al juez federal de Santa Fe, Reinaldo R. Rodríguez; al fiscal federal de Resistencia, Jorge Eduardo Auat; al fiscal federal de Rosario, Francisco Sosa; al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros y al juez federal de Salta, Miguel Medina. Todos tiene a cargo expedientes sobre desapariciones y represión ilegal durante la última dictadura.
Comisión de independencia judicialEste viernes quedó conformada la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial que la Corte Suprema había creado luego de la Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en la ciudad de Santa Fe en marzo.
La Comisión será coordinada por Highton de Nolasco y Argibay e integrada por representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
En la primera reunión se dispuso crear un correo electrónico para receptar inquietudes y hechos que pudieran afectar la independencia judicial y propuestas de los jueces. También se resolvió que anualmente se publique un informe general de la situación de los poderes judiciales del país, sobre la vigencia de las condiciones de independencia.
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