El juez federal Jorge Ballestero dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 27 personas por la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 190 del Código Penal. La resolución fue adoptada en el marco de la causa que investiga el accidente ocurrido en 1997 en la localidad uruguaya de Fray Bentos, que dejó un total de 74 víctimas fatales. Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que los procesamientos son sin prisión preventiva, implican embargos de hasta cinco millones de pesos e involucran presuntos delitos que contemplan penas de entre 10 y 25 años de prisión. La medida fue dictada este mediodía y dispuso el procesamiento del directorio de la época de la empresa Austral, de funcionarios de las áreas técnicas, de instructores de vuelo, y también de funcionarios militares de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (D.N.A.), la Comisión Asesora de Licencias de Funciones Aeronáuticas Civiles (CALFAC) y el Comando de Regiones Aéreas.(texto completo)
Al banquillo
El juez federal Claudio Bonadío está citado a declarar este martes 3 de octubre en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación donde se investiga al magistrado por supuesto mal desempeño de sus funciones. Los consejeros indagarán a Bonadío (está citado por el artículo 9 del reglamento de la comisión, una suerte de declaración indagatoria, y paso previo a decidir si la acusación prospera) sobre una causa en la que investigaba al ex ministro de Justicia Horacio Rossati por las condiciones de las cárceles y en la que lo citó a declarar. Rosatti había recusado al juez porque el Ministerio lo había denunciado por su actuación en la causa que investigaba las irregularidades en la instrucción del atentado a la AMIA, pero el magistrado continuó con el expediente. Luego la Cámara Federal apartó al juez de la causa. La citación de Bonadío no contó con el apoyo de los legisladores del oficialismo Diana Conti y Nicolás Fernández, quienes votaron en contra para que el magistrado declare. Por otra parte, la Comisión tiene en el orden del día de su reunión los expedientes en los que investigaba al ex juez federal Jorge Urso para archivar debido a que al magistrado se le aceptó la renuncia.
Renovación
El nuevo juez federal subrogante de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien se venía desempeñando al frente de la secretaría penal de dicho juzgado, asumió este lunes en su nuevo cargo. La ceremonia fue presidida por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Roberto Rueda, quien fue el encargado de tomarle juramento al nuevo magistrado. Daniel Herrera Piedrabuena reemplazará en la subrogancia a Franco Roman Grassi, quien a su vez volverá a su lugar de origen, en la secretaría civil del juzgado federal. Piedrabuena integra, además, la terna para acceder al cargo definitivo junto a José Tomás Yoma, hermano del embajador en México, y Enrique Stoller, fiscal de instrucción provincial en Chamical.
Pericias
Silvia López Crespo, juez subrogante del Juzgado Nº 17 en lo Criminal, que investiga las amenazas reiteradas a la juez María Angélica Crotto, ordenó que se practique una pericia psiquiátrica al llamado “grupo duro” de los padres de víctimas de Cromagnón: Ricardo Righi, Nora Ortiz de Bonomini y Luis Fernández. Los peritos evaluarán, de someterse los padres a dicho examen, si se encuentran elaborando el duelo por la pérdida de sus hijos de manera normal, o si, por el contrario, se ha transformado en una patología.
Ceremonia
Tres magistrados jurarán y asumirán este martes 3 de octubre en la Justicia de Río Negro. Se trata de Mariana Serra como defensora oficial en General Roca, Laura González Vitale como secretaria de la Cámara Primera del Crimen de General Roca, y Graciela Etchegaray como Agente Fiscal de Viedma. La asunción se realizará a las 9 horas en la sede del Superior Tribunal de Justicia en General Roca y la ceremonia será presidida por el titular del máximo tribunal, Luis Lutz, y la procuradora general de la provincia, Liliana Piccinini. Las tres nuevas magistradas fuero seleccionadas por el Consejo de la Magistratura provincial.