04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La Defensoría General exporta programas de trabajo

El Ministerio Público comenzó esta semana a transferir a la Justicia de Uruguay tres programas para que se pongan en práctica en ese país. Se trata de comisiones de trabajo que funcionan en la Defensoría, cuya experiencia también se aplicará próximamente en Bolivia. Todo esto se da en el marco de un convenio con el Programa Eurosocial, de la Comisión Europea, para llevar esas experiencias a otros países.

 
Las experiencias que se transfieren a Uruguay son la “Comisión de cárceles”, el “Programa para la aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito interno” y el “Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad”.

Para eso, desde este lunes pasado un grupo de representantes de la Defensoría General de la Nación están trabajando en Uruguay. Se trata de los defensores oficiales Sergio Paduczak y Silvia Martínez, co-titulares de la Comisión de Cárceles, las funcionarias Mariana Grasso y Flavia Vega, del Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales, y la licenciada Luisa Zarrella, del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales, quienes exponen sobre el funcionamiento de esos ámbitos en la sede de la Dirección Nacional de Defensas Públicas de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo.

Previo a la transferencia de estos programas, en septiembre se desarrollaron jornadas de tareas preparatorias en la Defensoría General de la Nación, con representantes de la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de la República Oriental del Uruguay. Esta misma experiencia está prevista que se lleve a cabo antes de fin de año con una Comisión del Servicio Nacional de la Defensa Pública de Bolivia.

El Programa Eurosocial – Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina, dependiente de la Comisión Europea, eligió al Ministerio Público de la Defensa para dar a conocer experiencias exitosas de programas de acceso a la justicia.

La financiación del proyecto está a cargo de la Comisión Europea y otros organismos de España, Alemania, Francia, Hungría, Brasil, Costa Rica, México y otros países de América, y son coordinados por la defensora oficial María Fernanda López Puleio.

El objetivo es “aumentar las capacidades de los responsables institucionales para la formulación, aprobación y gestión de las políticas públicas judiciales, optimizando su eficacia y eficiencia para mejorar el acceso a la justicia”, informó la Defensoría General a través de un comunicado.

Para el cumplimiento de los programas se prevén un conjunto de actividades orientadas a proponer ejemplos, modelos y oportunidades que permitan, a los responsables institucionales, mejorar su capacidad y gestión. El núcleo de estas tareas está constituido por los intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas.



dju / dju
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