En un principio la declaración estaba prevista para hoy, pero se habría pospuesto para mañana dado que los médicos que atienden a Maradona por el cuadro de hipertensión y arritmia ventricular, según el confuso parte médico, no autorizaron a que enfrente esta tarde a las autoridades judiciales. En ese sentido el asesor legal del ex futbolista, Mario Víctor De Lavalle, advirtió que Maradona no podrá abandonar Uruguay aún cuando sea dado de alta en la clínica donde está internado, sin antes prestar declaración ante la Justicia local.
De Lavalle reiteró que Maradona no está detenido allí, porque en Uruguay no se castiga al adicto a las drogas, aunque aclaró que deberá permanecer en este país hasta tanto sea consultado por la jueza Adriana De los Santos y el fiscal del departamento de Maldonado, Juan Bautista Gómez. La policía de Maldonado, la Prefectura y la Gendarmería se encuentran investigando el caso para determinar el origen de la droga que se le suministró a Maradona. Los investigadores sospechan de la existencia de un presunto contrabando y con ello algunas personas que rodean a Maradona podrían ser imputadas de cargos penales.
El abogado, uruguayo, aclaró que asesora tanto al astro como a sus amigos Guillermo Cóppola y Pablo Cosentino, involucrados todos en una causa judicial debido a la intoxicación con cocaína que ha sufrido Maradona en Punta del Este. De Lavalle dijo que tomó intervención en la cuestión gracias al pedido de "unos amigos" y aseguró que pudo verlo a Maradona en la clínica Cantegril -donde permanece internado desde el pasado martes- y que "está bien".
En tanto, Roberto Rivero, director de la Brigada Nacional Antinarcóticos, explicó que la justicia uruguaya puede imponer al consumidor de droga un tratamiento psiquiátrico en una clínica pública o privada, en forma ambulatoria o en internación, para lo cual se requiere la voluntad del adicto.
En este caso, Salud Pública de Uruguay se encarga de realizar un seguimiento al caso para comprobar que se cumpla con todos los detalles de la rehabilitación.
"En estos casos el magistrado actúa con la Comisión de Toxicomanía, que depende del Ministerio de Salud Pública.
Impone el tratamiento y como tal lo puede controlar". Si el adicto no quiere someterse a un proceso de curación, no se lo puede castigar judicialmente, aunque "si mañana reincide, el juez del caso considera el antecedente de conducta y puede decidir internarlo en forma obligatoria", advirtió. En tanto ayer llegó a Punta del Este, Coco Ballestero, quien colabora con el conocido abogado Mariano Cúneo Libarona, quien logró sacar a Cóppola de una complicada trama judicial y policial recientemente al ser acusado de presunto narcotráfico por el prófugo juez de Dolores, Hernán Bernasconi.