La medida fue tomada el 19 y 20 de octubre por la Mesa Directiva de la FJA y se llevará a cabo en todo el país, excepto Capital Federal, Santa Fe y los juzgados federales, donde los empleados judiciales no están nucleados en la FJA. En cada provincia los judiciales decidirán si sólo hacen movilizaciones o paran las actividades.
Los reclamos principales son dos: la aplicación de la ley de porcentualidad salarial y las convenciones colectivas de trabajo. “Reimplantación de la ley porcentual con enganche nacional en todo el territorio del país para hacer realidad el principio constitucional de a igual tarea igual remuneración”, señaló la Mesa Directiva de la FJA.
La porcentualidad salarial o ley de enganche es un mecanismo por el cual cuando se produce un aumento de sueldos para los jueces también el incremento, en ese mismo porcentaje, es para los empleados.
“Sanción en todos los estados provinciales de una ley de convenciones colectivas de trabajo para el sector judicial de acuerdo a los acuerdos internacionales suscriptos por el país y avalados por la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO que están consagrados en el art. 75 de la Carta Magna Nacional y que es resistido por los Tribunales y Cortes provinciales que niegan así la posibilidad de discutir en ese ámbito salarios, condiciones laborales, ingresos, ascensos, promociones en una clara concepción paternalista de jueces con sus trabajadores”, es el otro reclamo principal.
Las movilizaciones y paros también servirán para hacer reclamos puntuales en diferentes provincias. “Tenemos focalizados problemas en Buenos Aires, Mendoza y Misiones. Son tres centros neurálgicos del conflicto”, le dijo a Diariojudicial.com Jorge Izquierdo, secretario general de la FJA.
En Misiones reclaman por la ley sancionada por la Legislatura provincial que formalizaba los salarios de los empleados judiciales y que el gobernador, Carlos Rovira, dejó sin efecto. La ley había sido dictada en consonancia con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Borino Pero” y “Arguello Varela” que determinan la ilegalidad de pagar salarios en negro a los empleados estatales.
La FJA insiste en su reclamo de la aplicación del enganche salarial. La Federación realizó el 16 de agosto un paro de 24 horas en 15 provincias para pedir por ese mecanismo de aumento automático de sueldos.