La Cámara de Senadores de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que tiene por finalidad que el ejercicio del derecho de admisión en los eventos deportivos sea competencia del CoProSeDe. Esta iniciativa fue impulsada por Jorge Rodríguez Erneta del Frente para la Victoria, Osvaldo Goicoechea y Adelma Arguissaín. De ser aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados, una vez promulgado, el CoProSeDe podrá prohibir la entrada a las canchas de sujetos que hayan sido identificados como contraventores o participado de hechos que hayan motivado la intervención policial. El uso de este derecho de admisión no requiere autorización alguna de ninguno de los Clubes.
La dulce espera
El Consejo de la Magistratura de la Nación elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos a jueces para el cargo de juez federal de primera instancia de Victoria, Entre Ríos. La terna quedó integrada por: Domingo Montanaro, Fermín Cerolini, Mariano Larrea. También se elaboró una lista complementaria con: Carlos Poli, Luis Chede y Eduardo Maiztegui Marcó. Ahora la terna deberá ser analizada por el presidente Néstor Kirchner que elegirá a uno de los candidatos y le pedirá su nombramiento al Senado.
Más protección
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto que propone ampliar a los querellantes el Programa Nacional de Protección a Testigos, con el objetivo de preservar su seguridad ante situaciones de peligro. La iniciativa, de la diputada nacional Nora Chiacchio, contaba con una preferencia para ser debatida en el recinto y fue aprobada por 173 votos favorables, tras lo cual fue enviada al Senado para su sanción definitiva. El proyecto busca proteger a los querellantes de una investigación judicial vinculada a los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del sistema clandestino de represión. Actualmente, el Plan Nacional de Protección a Testigos e Imputados -creado por la Ley 25.764- está destinado a la protección de testigos e imputados que hayan colaborado en investigaciones judiciales relativas a delitos relacionados con estupefacientes, hechos de terrorismo y secuestros extorsivos.
Sin competencia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le notificó al Gobierno de Cuba y a los peticionarios dos informes de fondo cuya publicación fue aprobada durante el 126º período ordinario de sesiones. Se trata del informe Nº 67/06 del caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros), que refiere a la violación de derechos fundamentales en perjuicio de 78 disidentes políticos privados de libertad desde 2003, y del Nº 68/06 del caso 12.477 (Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros), sobre el juzgamiento y la aplicación de la pena de muerte -en 2003- a tres personas sin las debidas garantías procesales. Ambos informes fueron aprobados por mayoría, con el voto disidente del Comisionado Freddy Gutiérrez, informaron desde la CIDH. Las mismas fuentes explicaron que el gobierno cubano manifestó, en respuesta a los pedidos de informe, que la Comisión Interamericana no tiene competencia legal, ni la Organización de los Estados Americanos (OEA) autoridad moral, para juzgar el disfrute de los Derechos Humanos en Cuba.