En diálogo con Diariojudicial.com, Romero señaló que el proyecto de ampliación de la suspensión del juicio a prueba sugerido por el ministro De La Rúa "me parece un disparate porque hacer esa ampliación a semejante cantidad de años sería desconocer hasta el propio sentido de la pena", aunque es claro que la naturaleza del instituto es la de una medida y por lo tanto no una pena.
Romero no obstante explicó que "en delitos menores como el hurto, las amenazas y hasta las lesiones leves en determinadas circunstancias sí está bien que se pueda responder con la suspensión del juicio a prueba y darle una oportunidad a la persona imputada".
Pero inmediatamente el fiscal explicó que en el proyecto del gobierno nacional "estamos hablando por ejemplo del robo con armas, del homicidio en emoción violenta o de la violación, es decir delitos gravísimos" agregando que siguiendo con esa línea de pensamiento "sólo le faltaría el homicidio que tiene un mínimo de ocho años".
"Realmente me parece que buscar descongestionar los tribunales a cualquier costo es muy peligroso", aseveró Romero, quien se manifestó a favor de un corte divisorio entre delitos peligrosos y no peligrosos, aplicando a estos últimos el beneficio conocido como probation.
Romero aclaró que "dentro de todo la probation ha funcionado y está funcionando en hechos menores y se están recuperando a las personas imputadas que evidentemente no han vuelto a cometer delitos y cumplen con las condiciones de conducta, con lo cual no se puede defenestrar a este instituto por sí mismo". Precisamente, según datos oficiales brindados por el Ministerio de Justicia, la reincidencia de los imputados a los que se les suspendió la persecución no alcanza el 1 por ciento.
"Pero no podemos ampliarlo al nivel que un homicida en estado de emoción violenta pueda repararse con pintar cordones en una calle, por citar sólo un ejemplo", precisó. El fiscal dijo que "en los dictámenes previos a las decisiones que le toque actuar al juez de la causa rechazaré los pedidos de aplicación de probation ampliada de esos casos".
El diputado electo y ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Jorge Casanovas, sacado de su cargo como consecuencia de la crisis desatada por los asesinatos de menores en las comisarías de su distrito, se opuso fuertemente esta mañana al proyecto y explicó que los impulsores del proyecto buscan "una revancha" porque se anuló la denominada ley del "dos por uno". "Esto responde a un sentimiento de revancha de los ideólogos del dos por uno", indicó en declaraciones a Radio 10 Casanovas, quien como funcionario bonaerense impulsó la derogación de esa norma.
Casanovas además votó en el plenario Kosuta de la Cámara de Casación entre los jueces de minoría que sostuvieron la tesis que ahora impulsa el Ministerio de Justicia de la Nación.
Temas relacionados:
El Gobierno intenta una reforma en el enjuiciamiento penal 1/11/2001