“Este acuerdo es considerado desde el Bloque MERCOSUR, como un trascendente logro de vital importancia para la consolidación de un modelo de defensa pública oficial activa, similar al establecido constitucionalmente en la argentina, en todos los países de América, y también trascendiendo a otras naciones del primer mundo que aun no tienen montado y en funcionamiento una estructura de defensa pública desde el estado, modelo que es largamente reclamado por vastos sectores sociales y reconocidos catedráticos de naciones del viejo continente, como España e Italia”, expresó Martínez.
El convenio fue firmando el viernes pasado en la ciudad de Río de Janeiro en el marco del seminario sobre “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Defensoría Pública”, que reunió a defensores públicos de la región, por Martínez y el presidente de la Corte Interamericana, el mexicano Sergio García Ramírez.
El objetivo es fijar bases de colaboración entre ambas instituciones para que “lleven a cabo actividades conjuntas en materia de capacitación, investigación, promoción y extensión con relación a los derechos humanos, que redunden en el fortalecimiento de la figura de los Defensores Públicos Oficiales en el MERCOSUR”.
Para eso se realizarán pasantías de los defensores públicos en la Corte Interamericana, el desarrollo de actividades jurídicas de investigación conjuntas como coloquios, talleres y cursos, el intercambio y acceso a la información de material bibliográfico, la publicación de artículos y coediciones de interés común, la remisión de fallos judiciales y opiniones que produzca la Corte Interamericana al Bloque y la incorporación mutua en sus respectivas páginas web.
Entre ambas partes se conformó una Comisión Técnica para la ejecución del convenio.
A través del escrito, el Bloque se comprometió a “defender la plena vigencia de los Derechos Humanos y de las garantías reconocidas por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como por las Constituciones y leyes internas”; “garantizar el acceso a la justicia para todos los habitantes carentes de recursos”; “propender al fortalecimiento institucional de las Defensorías Publicas Oficiales” y “reconocer a la Defensa Pública como un derecho y un deber indelegable.... y ejercer su misión en defensa de la protección integral de la persona y de la garantía de su dignidad”.
Por su parte, la Corte, en la primera cláusula del convenio, manifestó su “interés de contribuir al fortalecimiento del sistema de protección de los Derechos Humanos en América, mediante la promoción y divulgación de los instrumentos fundamentales del sistema interamericano de los Derechos Humanos”.