En este sentido, Bonadío tenía a su cargo varias denuncias iniciadas por el Tribunal Superior porteño, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y la diputada del ARI Elisa Carrio. En todos los casos se había solicitado al juez que investigue si sus teléfonos estaban intervenidos o pinchados, basándose en las supuestas pericias realizadas por Garbartz.
Los informes de este técnico se contradijeron con las pericias que realizaron varios expertos de Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial(INTI) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), quienes no detectaron ninguna irregularidad en las líneas telefónicas en cuestión.
Ahora Garbartz deberá ser investigado por otro magistrado, tal como lo había solicitado en su oportunidad el juez Gabriel Caballo, quien había intervenido en las denuncias sobre la pinchadura de los teléfonos del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de José Luis Machinea, que también habían sido formuladas en base a las pericias realizadas por este especialista.