La medida fue dictada por el juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid y recayó sobre los bancos SCH, Pastor Serfin, Eurocrédito, Finanzia BBVA, Caja Madrid y Banesto los cuales emitan créditos a los alumnos del instituto de inglés Opening para facilitar el pago de las cuotas.
La Justicia de Madrid concluyó que existió “enriquecimiento ilícito por parte de los bancos y cajas implicados al cobrar los créditos a los alumnos a pesar del cierre de las academias de inglés”, según reprodujo el sitio español Terra.
El 8 de agosto de 2002 los 133 centros de Opening cerraron luego que el instituto entrara en cesación de pagos. La medida afectó a 45.000 alumnos de toda España que habían tomado créditos con los bancos.
Además de devolver el dinero cobrado, los bancos no podrán reclamar los créditos pendientes de pago y el fallo los obliga a sacar de la lista de morosos a los alumnos que hayan sido incluidos por falta de pago.
Cerca de 600 alumnos damnificados fueron patrocinados legalmente por la asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU).
Según Adicae la resolución judicial pone de manifiesto “lo abusivo de la práctica que bancos y cajas han venido manteniendo en relación a los cierres de diversas academias, considerando que al seguir cobrándose a los alumnos las cuotas de los créditos contratados una vez cerrados los centros de Opening, las entidades financieras han obtenido un enriquecimiento ilícito, por lo que deberán reembolsar a todos los alumnos las cantidades cobradas con los correspondientes intereses”.