“Los sucesos acontecidos en la ciudad de Río Cuarto los días 9 y 10 de febrero próximo pasado y vinculados con la causa que se instruye por el homicidio de la Sra. Nora Dalmasso y los delicados conceptos vertidos a propósito de ello, por diversas autoridades públicas con responsabilidad política; imponen una declaración de este Alto Cuerpo, en salvaguarda de la independencia judicial de los integrantes de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Publico Fiscal”, señalaron los jueces del STJ en una acordada que emitieron esta hace pocos días.
La referencia es a los hechos que ocurrieron el fin de semana pasado cuando el pintor Gastón Zarate fue detenido e imputado por abuso sexual, homicidio criminis causa y hurto agravado. Pero un día después fue liberado por el juez de Control Daniel Muñoz. Todo eso se dio en el marco de un fuerte respaldo de la sociedad de Río Cuarto a Zárate, a quien consideran un chivo expiatorio, que se movilizó por la ciudad en una manifestación que llamaron el “perejilazo”.
Los jueces del STJ Armando Andruet, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Sesin, Aída Tarditti, Luis Rubio, María de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Carlos Garcia Allocco, manifestaron que “la realización de la independencia judicial funcional ha sido siempre respetada por este Alto Cuerpo, tanto en relación a los magistrados inferiores como en supuestos en que otro Órgano del Poder Judicial pretendió direccionar resoluciones jurisdiccionales”.
Y pidieron que esa independencia también sea respetada “por los restantes Poderes del Estado, ciudadanos y por los medios de comunicación social, evitando con ello, juicios paralelos y declaraciones proclives a que la opinión pública construya conclusiones que no se encuentren fundadas en pruebas incorporadas al juicio”.
“La mediatización y politización de un hecho judicial, interfiere u obstaculiza la toma de decisiones de un poder independiente”, dijeron los camaristas.
La actuación de los fiscales que investigan la muerte de Dalmasso, Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, fue puesta en tela de juicio por los legisladores oficialistas que presentaron en el Jurado de Enjuiciamiento el pedido de juicio político de los representantes del Ministerio Público por mal desempeño de sus funciones.
Los jueces del STJ ratificaron la herramienta del juicio político pero aclararon que “por el impacto que posee, debe utilizarse con mesura, y prudencia, ya que los jueces y fiscales como es sabido, no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus decisiones, salvo actividad delictual o reiterados pronunciamientos con desconocimiento del derecho”.
Pero no sólo los legisladores mediaron en el caso. También lo hicieron el gobernador José Manuel De la Sota y el intendente de Córdoba, Luis Juez. Ambos hablaron del caso y Juez criticó duramente la actuación judicial. Por eso el STJ rechazó “las declaraciones o actos que postulen caminos que ponga en riesgo la institucionalidad de la Provincia y el auténtico estado de derecho”.
Los ministros del tribunal también dedicaron un párrafo a la sociedad “la manifestación pública en contra de la orden de detención que inicialmente se dictara y la algarabía, con motivo de la liberación del imputado por otra resolución judicial; resulta explicable como una reacción emocional que desconoce las pruebas y las razones en que se basaron las medidas dictadas” y recordaron que en la provincia la ciudadanía tiene participación judicial a través de los juicios por jurados.
Pero los magistrados también se acordaron de los integrantes de la Justicia. A través de la acordada instaron “a la totalidad de los estamentos del Poder Judicial de la Provincia a redoblar empeños y dedicación a la alta misión que les ha sido confiada por la ciudadanía”.
En lo que tiene que ver con la causa judicial, los fiscales citaron a Zárate para que preste declaración indagatoria este viernes. La libertad de Zárate fue apelada por los fiscales quienes consideran que está vinculado con el crimen.