Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro, decidieron no hacer lugar a la solicitud de la defensa respecto a que los acusados de encubrimiento –los cuales están siendo juzgados en otro expediente-, presten declaración testimonial en el juicio que se le sigue a Carlos Carrascosa, quien está acusado de asesinar a su cónyuge, María Marta Belsunce. Los testigos que no podrán deponer son Horacio García Belsunce –hijo-, Guillermo Bártoli, John y Constantino Hurtig, Sergio Binello, Juan Ramón Gauvry Gordon y Beatriz Michelini, los cuales eran parientes de la víctima, salvo los dos últimos los cuales eran el primer médico en ingresar a la escena del crimen y la masajista de la víctima, respectivamente.
Sin impunidad
El represor Ricardo Cavallo aceptó ante la Audiencia Nacional de España ser extraditado a la Argentina para ser juzgado en el país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, según informó su abogado, Fernando Pamos de la Hoz. Su letrado informó que Cavallo fue llevado ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de la máxima instancia judicial española, donde dio su consentimiento para ser entregado a la Justicia argentina para ser juzgado en las cinco causas que tiene abiertas en su contra. Ante el juez Fernando Andreu, el ex militar aseguró que es inocente de los hechos que se le imputan. Está acusado de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada de forma reiterada, imposición de tormentos con resultado de muerte, imposición de tormentos, robo, extorsión, falsedad ideológica de instrumento público, asociación ilícita y otros". En España, Cavallo estaba a la espera de un juicio oral en el que afronta una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 por "crímenes contra la humanidad o genocidio". Pero la Justicia española había declinado su competencia al considerar que, tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, debía se la Justicia argentina quien lo juzgue.
Recta Final
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, aprobó el concurso realizado para seleccionar la terna de candidatos al cargo vacante de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de primera instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, según informó este martes la Defensoría General. Al mismo tiempo, Stella Maris Martínez remitió al Poder Ejecutivo la terna de candidatos del mencionado concurso integrada por Fabián Procajlo (142 puntos), Hernán Figueroa (138 puntos), y Raúl Elhart (con 128 unidades).
Se acerca el debate
El juez federal Daniel Rafecas dispuso elevar a juicio oral la causa por el presunto pago de coimas a senadores para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. La decisión alcanza a los ex senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo, así como al radical José Genoud. También abarca al arrepentido Mario Pontaquarto, así como al ex titular de la SIDE Fernando de Santibáñez y al ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique. Todos están procesados por el delito de cohecho. En su resolución, de más de 70 carillas, el juez analizó pormenorizadamente la situación de los tres ex funcionarios y seis ex senadores. En otro segmento del expediente -donde el imputado es el ex presidente Fernando De la Rúa- el juez está abocado a la realización de una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa del ex Jefe del Estado en forma previa a resolver su situación procesal, es decir si también lo procesa, lo sobresee o dicta su "falta de mérito". En el fallo, el juez también se refirió a todas las pruebas reunidas (testimoniales, periciales, documentales) y a los argumentos del fiscal Delgado, del titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, y del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quienes actúan como querellantes. Como los acusados todavía tienen la posibilidad de apelar el rechazo del juez a unas nulidades que habían planteado sus abogados defensores, en los hechos el expediente demorará al menos unos cuatro meses hasta ser elevado efectivamente a juicio.
Segunda audiencia
La audiencia de mediación solicitada por la constructora Koad como paso previo al inicio de acciones judiciales contra los dirigentes de las asociaciones vecinales que se oponen a las constructoras, finalizó sin acuerdo. Aún así, no se pierden las esperanzas de la unión común de voluntades, ya que el mediador acordó una nueva reunión para el 30 de marzo del corriente. Koad exige la reparación de los daños y perjuicios provocados por el accionar de las organizaciones barriales como SOS Caballito, mientras que los vecinos entienden que existen pruebas que indican que las construcciones que intenta realizar Koad violan las normativas vigentes y que significan un peligro para los vecinos.