Entre las críticas se encuentran: las pocas causas que existen en el fuero en las que intervendría la Justicia de Trámite Abreviado; la superposición con competencia de la Justicia porteña; y la imposibilidad de apelación de la resolución, entre otras.
El proyecto, elaborado por los reconocidos abogados Jaime Anaya, Gustavo Bossert, Carlos Colombo y Lino Palacio, y reingresado al Senado por el legislador Ricardo Gómez Diez del Partido Renovador de Salta (había sido presentado en marzo de 2005 pero luego perdió estado parlamentario), propone la creación de una nueva Justicia que intervenga en problemas de vecindad y de conflictos de consumidores sobre cosas muebles y de servicios privados.
El objetivo de la iniciativa es instaurar “un juicio de trámite breve, para resolver todas estas cuestiones más vinculadas con la vida que con el patrimonio de la gente”.
La iniciativa establece que intervendrá en “cuestiones suscitadas entre copropietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o entre ocupantes de inmuebles vecinos cuando se aleguen las circunstancias previstas en los artículos 2618 o 2625 de Código Civil o en el artículo 15 de la Ley 13.512, o cuando medie la oposición a la realización de reparaciones urgentes en cuyo caso se aplicará el artículo 623 ter del CPCCN” y en “reclamos fundados en los derechos de los consumidores, siempre que la controversia verse sobre cosas muebles o prestación de servicios privados”, establece el artículo tercero del proyecto.
Las opiniones de los jueces fueron remitidas en noviembre pasado por la presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Ana María Brilla del Serrat, al Consejo de la Magistratura que a su vez lo reenvió la semana pasada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado donde se estudia el proyecto. Entre esas opiniones, hay críticas y apoyos.
Entre estos últimos se destaca que la Justicia de Trámite Abreviado agilizará el fuero. “Procura dar una respuesta jurisdiccional más rápida y eficiente”, “importará un notorio avance en cuanto a celeridad de trámites”, “contribuirá a agilizar estos procesos de pequeñas causas lo que redundaría en un mejor servicio de justicia”, son algunos de los beneficios que los magistrados consideran que traería la aplicación del proyecto.
En relación a las críticas, algunos magistrados consideraron que la cantidad de causas que ingresan por año a los tribunales sobre la materia que entendería la Justicia de Trámite Abreviado no justifica su creación La información brindada por el Centro de Informática Judicial señala que entre el 2000 y octubre de 2006 ingresaron 313 causas de esa índole.
En ese marco, los jueces también consideraron elevada la cantidad de cinco juzgados para el nuevo fuero, como prevé el proyecto, y escasa la cantidad de dos empleados para cada uno.
Otros magistrados apuntaron a la superposición con el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Señalaron que la Constitución de la ciudad establece en su clausula decimosegunda la creación de Tribunales de Vecindad que “deberá entender en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal”, entre otros aspectos.
Además se cuestionó la instancia única para resolver las causas; incluir dentro de la competencia las filtraciones en inmuebles de propiedad horizontal en virtud que puede involucrar a consorcios; que sólo haya peritos de parte y no oficiales; y que no se especifique el alcance de las cosas muebles para los conflictos de consumidores.
Entre las sugerencias los jueces se inclinaron por ampliar las materias en las que pueda intervenir la Justicia de Trámite Abreviado. Por ejemplo, dieron opinión favorable a incorporar accidentes de tránsito sin lesiones y por montos de hasta entre 5.000 y 8.000 pesos, desalojos por falta de pago, cobro de ejecuciones de expensas comunes, homologaciones de convenio y consignación de alquileres, entre otros.