El proyecto se conoce a una semana de una pelea en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Corrientes donde tres presos perdieron la vida. La gresca ocurrió el lunes 19 de marzo en el pabellón de máxima seguridad entre dos grupos que se disputan el liderazgo de la cárcel. Ese día murieron dos internos y otro, que fue gravemente herido, perdió la vida el viernes.
El pedido de declaración de la emergencia carcelaria fue presentado ante el gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, en formato de proyecto legislativo para que lo trate la Legislatura antes que finalicen las sesiones extraordinarias. El objetivo de la iniciativa es solucionar “el problema causado por tantos años de desinversión y desatención del Servicio Penitenciario”.
El Colegio de Abogados acompañó la declaración de emergencia con el reclamo para que se le asigne el presupuesto al Juzgado de Ejecución Penal que fue creado hace más de un año pero que todavía no comenzó a funcionar.
“Hay dos cuestiones- le explicó a Diariojudicial.com el presidente del Colegio de Abogados, Yamandú Barrios, sobre la situación carcelaria en la provincia-. Una es el viejo reclamo del Tribunal de Ejecución Penal. Está creado pero no está el presupuesto. Y por otra lado hay necesidades urgentes que reclaman los internos como la falta de comodidades en los pabellones para las visitas íntimas, problemas con el agua potable, de hacinamiento, etc.”
En ese marco, el proyecto presentado propone que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia apruebe el presupuesto para que comience a funcionar el Juzgado de Ejecución en la ciudad de Corrientes. En el tribunal ya fue designada como titular María Teresa Zacarías de González.
También le encomienda al Ministro de Gobierno y Justicia de Corrientes la elaboración de un proyecto de presupuesto para “la solución inmediata de las necesidades primarias de las penitenciarías y alcaidías que funcionan dentro del ámbito del territorio provincial”.
Por otra parte, la iniciativa crea la Comisión Participativa de Seguimiento del Servicio Penitenciario Provincial que entre varias funciones se encargará de hacer un seguimiento del estado de las cárceles y proponer reformas legislativas al respecto. La comisión estará integrada por representantes de Ministerio de Gobierno y Justicia, del Superior Tribunal de Justicia, del Colegio Público de Abogados, del Servicio Penitenciario y de los internos.