De esta manera, el juez del fuero contencioso administrativo federal hizo lugar al pedido de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transporte, que había interpuesto una demanda –acompañada de un pedido de no innovar- solicitando que se cumplan las obligaciones del contrato de concesión en cuanto a la ejecución de las inversiones comprometidas y al pago del canon anual.
Los accionantes también exigieron una rebaja en las tasas aeroportuarias que el concesionario recibe de los usuarios “hasta tanto se restituyan las sumas que ha percibido en exceso de dichos usuarios desde que tomó la tenencia de los aeropuertos, sin aplicarla al destino para que han sido fijadas”.
De todas formas, el juez sólo hizo lugar a la cautelar y no analizó el fondo del asunto, exigiendo que se realice la audiencia pública que prevé el reglamento de Organismo Regulador del Sistema Nacional de aeropuertos (ORSNA).
Al hacer lugar a la cautelar, el magistrado sostuvo que “impresionan como mucho más gravosas las consecuencias que para los usuarios tendría el rechazo de la cautela que para el organismo regulador, el concesionario y el Ministerio interviniente (el de Infraestructura) adoptar los recaudos y eventualmente sujetarse a la suspensión dispuesta”.
Fernández se inclinó por la necesidad de que se realice una audiencia pública citando al administrativista Agustín Gordillo. El juez entendió que la audiencia es la “vía o cauce con que cuentan los usuarios para ejercer su derecho de participación en los términos previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional; esto es: a oír y ser oídos, producir prueba y alegar antes de que una decisión que afecte sus derechos o intereses sea tomada”.
Antes de decidir, el magistrado consideró como acreditado que el ORSNA, como organismo regulador, había quedado al margen de la renegociación, al tiempo que denunció “la absoluta falta de colaboración” del Ministerio de Infraestructura que encabeza Carlos Bastos, “al guardar silencio respecto de los requerimientos oportunamente efectuados y ni siquiera informar al Tribunal las razones que pudieran impedir su contestación”.
El ente regulador, por su parte, le informó al juez que por el decreto 301 de este año se creó una Comisión destinada al análisis de los conflictos contractuales planteados en el sector aeroportuario y a promover una conciliación entre las partes, que ahora debería dejar de operar hasta que el juez levante la medida cautelar, posiblemente cuando se realice la audiencia pública.