“Es un proyecto que recién lo estamos implementando. Es un plan piloto que lo iniciamos en el departamento de Frías. Empezó en noviembre del año pasado hablando con las defensoras de Frías que tenían la idea de poder trasladarse al interior de la jurisdicción para llegar al ciudadano que muchas veces por razones económicas no puede trasladarse a la sede la defensoría pública”, le explicó a Diariojudicial.com el fiscal y defensor general de Santiago del Estero, Luis Alberto De la Rúa.
De la Rúa concurrió la semana pasada a la tercera visita que las defensorías móviles hicieron a la localidad de Choya, un pueblito ubicado a 30 km del departamento de Frías, de donde son las dos defensorías que comenzaron a aplicar este proyecto en noviembre del año pasado.
“Normalmente las consultas y reclamos de la gente son por temas de familia. La mayoría es por cuotas alimentarías, después por régimen de visitas por divorcios. También es muy común la consulta por violencia familiar”, enumeró De la Rúa quien es fiscal general de la provincia pero cumple también la función de defensor general. Esto es así porque si bien la reforma de la Constitución de Santiago en 2005 creó la figura del Defensor General al día de hoy no fue designado y una disposición transitoria fijó que el Fiscal General asuma los dos cargos hasta tanto se ocupe la otra vacante.
De la Rúa explica que mucha gente no tiene acceso a la Justicia por falta de conocimiento o porque “no cuentan con el dinero para el traslado” desde lugares donde no hay tribunales hasta las ciudades. La gente a veces cree que no tiene derechos o piensan que para acceder a la Justicia tiene que ir a un abogado”, completó el Fiscal y Defensor General.
Por el momento, las defensorías móviles son un plan piloto. Sólo se aplican en Choya donde cada 15 días asiste una de las dos defensoras de Frías. La etapa actual es experimental. “Es para hacer un muestro de la importancia que tiene llegar a la comunidad de esta manera”, señaló el Fiscal y Defensor General.
Además, no cuentan con presupuesto. Por eso los traslados de los defensores a Choya los hace la Policía en sus camionetas y las audiencias con la gente se realizan en las comisarías. Por ese motivo, De la Rua elevó a la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia provincial un pedido para que se le asignen partidas con el objetivo de extender las defensorías móviles a toda la provincia.
De la Rúa explica que el presupuesto servirá para designar personal, costear los traslados y contratar visitadores sociales y psicopedagogos para hacer informes socioambientales en virtud que los mayores reclamos son por problemas de familia.
Pero el fiscal y defensor general piensa en una estructura propia para estas defensorías. “La idea es que funcionen con un secretario letrado que se traslade en reemplazo del defensor y que tenga atribuciones para realizar audiencias. Para eso se necesita presupuesto, que no hay”, dice resignado De la Rúa.