El director de Justicia Comunitaria, Petronilo Flores, aclaró que esos castigos son de carácter preventivo y que “los chicotazos (latigazos) sólo deben ser simbólicos”. “No se puede permitir dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar los derechos humanos”, completó el funcionario.
El objetivo de la iniciativa es lograr una complementación de la Justicia ordinaria con la comunitaria. En una conferencia de prensa, Flores ejemplificó que en el caso de una violación “los afectados pueden pedir al Ministerio Público el examen forense que compruebe el delito, o viceversa, la comunidad colaborar con los datos precisos que lleven al mismo fin”, informó la Agencia Boliviana de Información.
Los castigos físicos forman parte de la cultura de las comunidades indígenas y campesinas de Bolivia. La ministra de Justicia de ese país, Celima Torrico, señaló que uno de los aspectos positivos de la Justicia Comunitaria es la credibilidad que la población tiene en sus fallos “porque se verifica tras un debate de todos los implicados”. Y agregó que los casos se resuelven en plazos cortos sin la necesidad de recurrir a trámites burocráticos.
De aprobarse el proyecto de Ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, las decisiones que se tomen podrán ser recurridas a la Sala Constitucional Indígena.
También cada uno de sus fallos “estarán necesariamente regidos por el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado” y ninguna sentencia podrá incluir la pena de muerte.