04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Otro Consejo de la Magistratura discute su integración

Es el de Corrientes. Oficialismo, oposición y abogados y jueces proponen diversas integraciones donde la controversia es la participación de políticos. La discusión se da en el marco de la reforma a la Constitución de la provincia. El nuevo organismo tendrá rango en la Carta Magna y se analiza otorgarle las facultades para la remoción de los magistrados, hoy en manos del Poder Legislativo.

 
En el marco de la Convención Constituyente, Corrientes debate la creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la modificación del Consejo de la Magistratura. El oficialismo, la oposición y los representantes de los abogados y los jueces tienen posturas encontradas sobre la nueva integración del Consejo que, al igual que en el nacional, el Gobierno provincial busca una mayoría política.

El oficialista “Frente de Todos” del gobernador Arturo Colombi, uno de los radicales K, anunció que quiere un Consejo con un integrantes políticos en contraposición de los abogados y jueces que presentaron un proyecto que excluye a los representantes del Poder Legislativo del cuerpo.

Dentro del “Frente de Todos” (de mayoría radical) la postura más dura la tiene el peronismo que quiere que el Consejo esté integrado por un 50 por ciento de representantes de la política. Además, cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto que desee.

Este tema y la integración del Jurado de Enjuiciamiento se está discutiendo en la Convención Constituyente convocada por la ley 5.692 para reformar la Constitución provincial. En lo que respecta a los órganos judiciales la ley establece que se los instituya con rango constitucional junto con la Fiscalía de Estado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo.

En Corrientes el Consejo ya existe con régimen legal. El cuerpo está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Fiscal de Estado, un representante del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, un representante del Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial a que pertenezca la vacante a cubrir y un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

Actualmente el Consejo tiene como función realizar los concursos públicos para la elección de magistrados. Pero con la reforma también se le quiere dar la facultad de la investigación de las denuncias contra los jueces, hoy en manos de la Cámara de Diputados.

Pero la discusión más fuerte se da en torno a la integración del cuerpo. En conjunto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción propusieron un Consejo compuesto por 2 magistrados, 2 abogados, el presidente del STJ, uno de la Facultad el Derecho y el Fiscal de Estado.

Quienes tampoco quieren un Consejo con políticos es el opositor “Frente Social”. Proponen un cuerpo con de 13 miembros: 4 representantes de la sociedad, 4 abogados, 3 jueces, el presidente del STJ y un empleado judicial.

Pero se descuenta que habrá representantes de la Legislatura en el Consejo. La convención está integrada por 39 constituyentes de los cuales 22 corresponden al oficialismo. Para aprobar cada reforma se necesita una mayoría simple (la mitad más uno de los votos) por lo que el oficialismo tiene una diferencia holgada para imponer sus decisiones.

Así, el modelo correntino sería similar al nacional donde de 13 integrantes, 7 corresponde al poder político (un representante del Poder Ejecutivo, tres senadores y tres diputados) Pero donde el predominio es del oficialismo: cuenta con cinco representantes. El resto de los integrantes son 3 jueces, 2 abogados y un representante de los académicos.

Sin embargo, los radicales del “Frente de Todos” quieren un Consejo integrado por un juez, un abogado, el Fiscal de Estado, el presidente del STJ y un representante de la Facultad de Derecho.

La incógnita se develará antes del 2 de mayo. Esa es la fecha límite en la que las comisiones deben presentar sus despachos. Luego pasarán al pleno de la Convención que tiene hasta el 31 de mayo para aprobar la nueva Constitución.



dju / dju
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