El Consejo de Ministros italiano aprobó este martes un proyecto de ley que prevé duras penas para los delitos ambientales y le da mandato al gobierno para reordenar, coordinar e integrar las leyes en esa materia. La iniciativa, firmada por los ministros de Ambiente y de Justicia, enumera una serie de delitos contra el Medio Ambiente y determina su pena.
Parra los casos de “desastre ambiental”, el proyecto prevé una pena de reclusión de 3 a 10 años y una multa de 30.000 a 250.000 euros. Para el delito de “contaminación ambiental”, la pena es más benévola: reclusión de 2 a 6 años y multa de 20.000 a 60.000 euros. “Si la contaminación acarrea peligro concreto para la vida o la incolumidad de las personas, la reclusión va de dos años y 6 meses a 7 años”, dice la normativa.
La ley, que deberá someterse al voto de las cámaras parlamentarias, también prevé el delito de “alteración del patrimonio natural, de la flora y la fauna”, con pena de reclusión de 1 a 3 años y multa de 2.000 a 20.000 euros, y el “tráfico ilícito de residuos”. Si los residuos son peligrosos la pena prevista es de reclusión de 2 a 6 años y multa de 20.000 a 50.000 euros, si son radiactivos, reclusión de 2 años y 6 meses a 8 años y multa de 50.000 a 200.000 euros, y si el tráfico acarrea peligro para la vida o la incolumidad de las personas, la penas previstas se aumentan hasta un máximo del 50 %.
Según la asociación ambientalista Legambiente, en Italia se cometen cada hora tres delitos contra el ambiente por un valor anual de 23.000 millones de euros. Además, cada año desaparece una montaña de residuos alta como el Gran Sasso (2.914 metros sobre el nivel del mar) y se registra un tráfico de animales silvestres por 3.000 millones de euros.
El proyecto que ingresó al Parlamento hace referencia también al “tráfico de material radiactivo o nuclear y su abandono”, delito para el cual prevé una pena de reclusión de 2 a 6 años y multa de 50.000 a 250.000 euros. “La pena aumenta de un tercio si el delito acarrea un problema duradero o relevante. Reclusión de 3 a 10 años y multa de 15.000 a 100.000 euros si el delito acarrea peligro para la vida o la incolumidad de las personas”, explica la norma.
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