Pese a la maratónica intervención del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien fue al Congreso a dar el informe periódico que le exige la Constitución, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una batería de proyectos, muchos de los cuales tienen interés para la Justicia. En una sola votación, la Cámara Baja sancionó varias iniciativas parlamentarias. Entre ellas se destacan la creación de dos juzgados y una cámara federal para La Matanza, un acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los estados del Mercosur, Bolivia y Chile, y un Tratado entre Argentina y Canadá sobre traslado de condenados.
Tras varias intervenciones breves de algunos legisladores, los diputados aprobaron trece proyectos juntos, entre los cuales hay varios de interés para el funcionamiento del Poder Judicial. La votación arrojó el siguiente resultado: 118 por la afirmativa y 2 por la negativa, registrándose además 7 abstenciones.
Uno de los proyectos aprobados se refiere a la creación de dos juzgados y una cámara federal para La Matanza. La iniciativa había sido refrendada por el Senado hace pocos días. Su autor, el diputado Luis Cigogna le anticipó en aquel momento a este medio que iba a sancionarse en los próximos días. De hecho, la aprobación se postergó únicamente por un “error legislativo”.
Además, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002.
“El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como propósito el de agilizar la asistencia jurídica mutua en materia penal entre los Estados partes del Mercosur, complementando lo ya dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en San Luis, el 25 de junio de 1996, que fue aprobado por ley 25.095 y que se encuentra en vigor desde el 8 de enero de 2000”, explica el proyecto original.
También, durante la sesión de este miércoles, la Cámara baja dio acuerdo a un Tratado entre Argentina y Canadá sobre traslado de condenados, suscripto en Buenos Aires, el 3 de julio de 2003.Dicho tratado busca establecer el marco legal adecuado para posibilitar que una persona que ha sido condenada por un delito cometido en el otro país, pueda cumplirla en el de su nacionalidad.
“Son requisitos para la aplicabilidad del presente tratado, que la conducta por la que el delincuente fue condenado sea punible como delito en el Estado receptor; que el condenado sea nacional o ciudadano del Estado receptor; que la persona condenada no lo haya sido por un delito estrictamente militar; cuando queden por cumplir por lo menos seis (6) meses de la condena en el momento de la solicitud; que la sentencia sea firme y que el tiempo prescrito para la apelación haya vencido; cuando el condenado haya consentido al traslado y cuando el Estado sentenciador y el Estado receptor estén de acuerdo en el traslado”, dice el proyecto que lleva la firma de la senadora Graciela Bar.
Por último, los diputados aprobaron un Convenio entre la Argentina y la República Dominicana sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales.
En una votación aparte, la Cámara refrendó un proyecto de ley que propone la supresión del Registro Nacional de Reincidencia y de todo registro referido a sentencias y resoluciones dictadas por los consejos de guerra especiales estables. La iniciativa declara “insanablemente nulas todas las sentencias dictadas por Tribunales Militares de las Fuerzas Armadas de la Nación por hechos ocurridos durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, respecto de personas que no integraran las Fuerzas Armadas”. Ese proyecto fue aprobado por 119 votos a favor y 5 en contra.
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