Un sector de la Oficina Anticorrupción advierte en este dictamen una clara ofensiva del Procurador contra la Dirección de Investigaciones del órgano que depende del Ministerio de Justicia, que se suma a un proyecto de ley remitido por Becerra a la Cámara de Senadores en el que se propone la disolución de la Dirección frente a una potencial resurrección de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), cuya titularidad quedó vacante luego del fallecimiento de Jorge Pinzón.
Además, el titular del Ministerio Público suspendió por sesenta días el concurso para reemplazar a Pinzón a la espera de que se conforme una Comisión integrada por miembros de los Ministerios Público y de Justicia que tendrá la tarea de reformar al ley Orgánica de los fiscales en cuanto a la estructura de la FNIA, que fracasó rotundamente en su tarea al menos en la última década.
La Comisión fue creada por una resolución del titular de la cartera de Justicia, Jorge de la Rúa, quien advirtió que existen puntos de contacto entre las funciones de la OA y la FNIA que corresponde enmendar; sin embargo aún no se han designado los integrantes que proyectarán una norma que después tendrá que ser enviada al Congreso.
La referencia a los puntos de contacto y lo que fuentes del Ministerio reconocieron como zonas grises, levantó obvias sospechas de que entre De la Rúa y Becerra podría existir un acuerdo para por lo menos disminuir el poder de la OA, hipótesis que fue negada no muy rotundamente en la cartera de Justicia.
Según pudo saber Diariojudicial.com de fuentes de la Corte Suprema, el Máximo Tribunal hará suyo el dictamen de Becerra y obligará a la Cámara de Casación Penal a expedirse sobre la cuestión, circunstancia a la que se había negado ante un recurso interpuesto por el Fiscal General Raúl Plée.
De esta forma, si Casación confirma la constitucionalidad de la facultad de querellar de la OA –que fue confirmada por las dos salas de la Cámara Federal-, el Ministerio Público volverá a apelar, con lo que la Corte Suprema sí deberá expedirse sobre el fondo del asunto.
Según Becerra, las normas que regulan el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción colisionan con el artículo 120 constitucional, que en 1994 le dio autonomía funcional y autarquía funcional al Ministerio Público. Para argumentar el agravio contra la inclusión como parte del titular de la OA, José Massoni, el Procurador sostuvo que “no debe olvidarse que el oficio fiscal tiene por naturaleza el exclusivo objeto de pedir la observancia y aplicación de la ley y es en defensa de la legalidad y el orden jurídico en general en que este Ministerio Público ha actuado, en virtud del mandato constitucional que así se lo exige”.
Además sostuvo que “la inclusión de una persona ajena –al proceso- produce una afectación que debe ser reparada al momento de verificarse, siendo irrazonable postergarlo a etapas posteriores sin mengua de correcto desenvolvimiento de este proceso”.