Tras ella habló la Directora Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Speranza; posteriormente el Defensor del Pueblo de la Nación, representantes de las ONG’s involucradas, de los actores, y de algunas de las empresas demandadas.
Las exposiciones se realizaron en presencia de sólo cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: su presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Maqueda.
Picolotti reconoció que la situación es grave. Afirmó que durante todo este tiempo –desde la primera audiencia hasta el día de la fecha- se fueron llevando a cabo diversas medidas, al principio de tipo legislativas y posteriormente de tipo ejecutivas.
Afirmó que se realizó una capacitación de los inspectores y que se estuvieron desarrollando inspecciones en las diversas empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud. Incluso que se empezaron diversas tareas como la firma de desalojos de las industrias contaminantes.
Picolotti denunció que durante las inspecciones algunos empresarios han reaccionado de forma violenta, aumentando la tensión y la conflictividad. Respecto a la Autoridad de Cuenca y los órganos de participación que la complementan, destacó la inscripción de más de 60 ONG’s y la designación de los miembros de la autoridad. Lo que omitió fue que se tomó por medio de un decreto firmado durante la noche y a pocas horas de la audiencia ante la Corte Suprema, acto de gobierno que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.
Picolotti afirmó que ya estaba reglamentado el seguro ambiental por lo que es exigible en todo el territorio de la Nación. Señaló que dichos seguros serán los aliados claves para el saneamiento, ya que ante un mayor riesgo por mayor proporción de contaminación, las primas más altas, mientras con un riesgo mínimo las primas son mucho más baratas.
Por último, refutó varios de los puntos que habían sido criticados por los expertos de la Universidad de Buenos Aires, institución que entendió que el plan no es factible y que falta información sobre datos de la realidad.
Picolotti señaló que varios de esos puntos que marcó la Universidad en su informe, nacen de la propia ley. Por ejemplo los parámetros de comparación de las empresas para decidir cuál debe ser trasladada y cuál no, entre otras cosas.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al momento de realizar declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendió que si bien el Estado había puesto en funcionamiento parte del plan, no es suficiente para poder revertir la situación de emergencia que actualmente se vive.
Si bien entendió que la situación está algo mejor que en meses pasados, en la cual todavía no se había puesto en funcionamiento el plan propuesto por el Estado Nacional, consideró que los plazos que el Estado se ha tomado para la implementación de las medidas resulta muy extenso y luce inadecuado con el fin que persigue.
Ejemplo de ello son los más de 100 basureros que actualmente siguen funcionando en la rivera del Riachuelo y que son un factor importante de contaminación. Y que sobre la existencia de dichos depósitos, ya los Estados han tomado conocimiento en las audiencias anteriores pero todavía no han desarrollado ningún tipo de medida al respecto.
En base a ello solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordene por medio de plazos perentorios, el desarrollo del plan propuesto por los Estados involucrados, y poniendo en caso de incumplimiento multas que servirán para financiar parte de las obras de saneamiento.
Los representantes de las ONG’s cargaron contra la SecretarÍa de Medio Ambiente, sosteniendo que no se ha hecho nada por el saneamiento, y que todas las medidas que se han tomado han sido siempre minutos antes de tener que exponer ante la Corte Suprema, como un chico que hace parte de los deberes dos minutos antes de tener que presentarlos al profesor.
Concordaron con el informe presentado por expertos de la Universidad de Buenos Aires de que el plan propuesto no es completamente adecuado y que todavía se desconocen importantes datos de la realidad que son esenciales: a varios meses de iniciadas las actuaciones no se ha realizado el informe epidemológico al que se habían comprometido los Estados.
Revelaron que ninguna de las obras que han puesto en marcha los Estados han mirado hacia las personas, ya que no han existido acciones del tipo social y asistencial para las familias de los afectados. Tal Es así que han muerto en los últimos días más chicos como consecuencia de la contaminación del agua, del suelo y del aire.
Concluyeron que el accionar de las autoridades ejecutivas ha sido hasta el momento demagógico sin que exista verdaderamente una mejoría en la situación. Un accionar que fue realizado para aparentar frente a la ciudadanía y la Corte Suprema, pero que no se cumplió con lo principal y que incluso la situación se agravó aun más.
Las empresas demandadas siguieron esta línea discursiva y se sumaron al batallón en contra de Picolotti. Remarcaron que la propia Secretaria de Medio Ambiente reconoció que no se desarrollaron informes de impacto ambiental, tras lo cual se preguntaron, ¿por qué deben ser trasladadas sus empresas si no hay pruebas de que contaminen?
El representante de la empresa Orvol afirmó que su industria no es contaminante y que sólo almacena aceite. Presentó un informe en power point de estilo sarcástico sobre la actuación de los Estados. Representó a cada una de las empresas del Polo Petroquímico como objetos en un almacén cuya cantidad dependía de la proporción de su capacidad de almacenamiento en relación a las otras.
En base a esa hipótesis señaló que según la lógica del plan, para evitar que un almacén sobre cargado de combustible y productos inflamables causa una catástrofe hay que eliminar una botella de aceite, la cual representa menos del 1% de la capacidad de almacenamiento de todo el Polo Petroquímico.
Consideraron desproporcionadas las medidas tomadas por los Estados respecto al fin propuesto, ya que han decidido trasladar la plata –cosa que es imposible operativamente- condenándola al cierre, dejando sin trabajo a cientos de familias.
Recordaron las demandadas que vecinos de Dock Sud firmaron un petitorio para que el aspecto ocupacional del conflicto sea tenido en cuenta por las autoridades, a fin de que su accionar no termine por destruir las fuentes de trabajo de los habitantes de Dock Sud.
Remarcaron irónicamente, que se le solicitó a ellos, cuyos productos no son inflamables, el retiro a otra zona, mientras que las industrias que tienen grandes silos de casi 10 pisos de alto con productos altamente peligrosos por ser inflamables pueden quedarse y seguir constituyendo un gran factor de riesgo para los vecinos de la zona.
Tanto los actores, como los terceros interesados y las demandadas se sumaron al informe de la U.B.A., la cual entendió que el plan propuesto por los Estados no es el adecuado para tratar la situación, y que se desconocen datos certeros y precisos de la realidad que permitan desarrollar una estrategia segura y eficaz al problema.
Ricardo Lorenzetti, citó oralmente a las partes a la continuación de la audiencia para el día miércoles 5 de julio a las 10 hs, en la cual Romina Picolotti tendrá quince minutos para contestar el resto de las disertaciones, acto en el que también hablarán aquellos que hoy no pudieron hacerlo.
El presidente del Máximo Tribunal de la Nación exhortó a las partes a que presenten toda la documental de lo que expusieron e incluso de lo que omitieron exponer a fin de que obre como documental en el expediente y pueda ser estudiado detenidamente por los ministros de la Corte.