“En instrucción, la primera etapa, las cifras de la defensa pública son menores, porque los abogados particulares actúan en instrucción un poco más, pero luego renuncian cuando llegan a la etapa de juicio”, señaló la Defensora General en la presentación de las jornadas “Los Sistemas Comparados de Justicia Penal de Argentina, Costa Rica y Japón. Desafíos para la reforma Procesal Penal” que se realizan en la Defensoría General con la participación de juristas de esos países.
El porcentaje de participación de los defensores públicos en el fuero penal se mantiene alto en los últimos años. En 2005, por ejemplo, cerca del 80 por ciento de las causas que se tramitaron en los tribunales orales de todo el país correspondieron a la defensa pública. En algunas provincias, como Salta, el número llegó al 90 por ciento.
Martínez dio la información ante especialistas en derecho penal como el vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Juan Carlos Yamamoto, el profesor del Instituto de Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (UNAFEI), Kayo Ishihara, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Alfonso Chávez, y el Fiscal General de ese país, Francisco Dall´Anese, además del titular del ILANUD, quienes este martes se reunieron con el ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne.
Durante la jornada, que se extenderá hasta el viernes, se tratarán temas como política criminal y principio de oportunidad, prisión preventiva y alternativas a la prisión antes y después de la condena, y la participación de la víctima en el proceso.
“Uno de los estándares generales fundamentales de la institución, es que la defensa pública no es una formalidad, no es acompañar en un proceso para convertirnos en meros legitimadores de condenas. Por el contrario, nuestro rol es ser una defensa pública eficiente”, defendió Martínez el Ministerio Público que dirige.