Con la idea de prevenir y erradicar los crecientes actos de discriminación y agresión que tienen como vía de expresión a la Web, el legislador porteño Martín Borrelli presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un Observatorio de Violencia y Discriminación en Internet.
La iniciativa prevé la realización de un relevamiento permanente y sistemático de sitios de Internet argentinos que puedan ser contradictorias a las normas del Código Penal, o contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres. “A partir de ahí la idea es generar conductas de prevención o de erradicación, no represivas”, dijo Borrelli.
En principió, según explicó el legislador de Compromiso Para el Cambio, el proyecto apunta principalmente a la defensa de las comunidades vulnerables, como las judías y la boliviana. “Las agresiones y discriminación hacia esos sectores son conocidas por la población, pero el Estado no tiene registro de que esto ocurra”, aseguró Borrelli.
De esta manera, con la creación de esta herramienta de prevención se podrá “medir la temperatura de la sociedad”, dice el legislador, y a partir de ahí asesorar y pedir al organismo correspondiente que exija el cese de la contravención o impedir la comisión de algún delito.
El proyecto señala que la “Comisión Permanente de Observación de la Violencia y Discriminación en Internet” estará integrada por un representante del Ministerio de Gobierno, la Legislatura de la Ciudad, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría del Pueblo y del I.N.A.D.I. (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Para la presentación de la iniciativa, Borrelli tomó como parámetro el centro de información sobre la discriminación en Internet (MDI) que funciona en Holanda. “Se trata de un proyecto iniciado bajo el patrocinio de la Fundación Magenta y su personal actúa a título voluntario. El MDI se ocupa de la lucha contra el racismo en los sitios de Internet en lengua neerlandesa. Estudia cada informe que recibe y en caso que decida que una información determinada constituye un delito, envía una advertencia pidiendo a la persona que haya preparado o distribuido la afirmación que la retire. Si hace caso omiso de este pedido, el MDI informa acerca de la cuestión a la policía e indica al servidor que lo ha denunciado”, explica el legislador en los fundamentos de su proyecto.
Actualmente, en Argentina existen aproximadamente ocho millones de conexiones de banda ancha y “esto advierte cabalmente el grado potencial de exposición que afecta a los niños y adolescentes, hacia los que apunta la estructura del proyecto de ley que proponemos”, sostuvo Borrelli.
La iniciativa ingresó a fines de junio a la Legislatura y recién comenzará a ser tratado en agosto.
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