En una condena inusual, un tribunal de Etiopía condenó a 35 diputados de la oposición a cumplir la condena de cadena perpetua. Fue por su participación en las violentas manifestaciones ocurridas tras las elecciones generales del 2005. Dichas manifestaciones llevadas a cabo en ese país africano, causaron la muerte de 199 personas.
“Los acusados cometieron serios delitos que causaron la muerte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad e intentaron derrocar al Gobierno”, señala la sentencia judicial, que a pesar de su dureza no alcanzó a la del pedido del fiscal de la Corte Federal etíope, Abraham Tetemke, que solicitó la pena de muerte para los acusados.
Además de los 35 diputados sentenciados, hay otros ocho procesados. Entre ellos cuatro periodistas que fueron condenados a diferentes penas que van de los 18 meses a los 18 años de prisión.
La Coalición para la Unidad y la Democracia (CUD) es la principal opositora del Gobierno del primer ministro etíope Meles Zenawi, a quien acusan de haber cometido fraude para ganar las elecciones de 2005. Ello provocó un estallido social con violentas manifestaciones.
En el marco de crisis social, a principios del mes de junio, los diputados habían sido considerados culpables de organizar las protestas y fueron acusados de ´traición y genocidio´. A su vez, fueron acusados otras 110 personas, en su mayoría periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, un tribunal superior etíope dejó sin efecto la imputación, que había sido criticada por el Derecho Internacional.
Tras el anuncio de los resultados de los polémicos comicios, los diputados se negaron a formar parte del parlamento y eso motivó al fiscal de la Corte a solicitar la pena de muerte. "De acuerdo con el código penal de nuestro país, el castigo máximo debe imponerse a los partidos culpables de hacer complot contra la constitución", justificó el funcionario.
Ahora, los condenados podrán apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo de Etiopía, y en caso de ser confirmada, tendrán la posibilidad de solicitarle al presidente que los indulte, algo que parece difícil si se tiene en cuenta el tinte político que enmarca el caso.
El presidente Meles Zenawi, ante rumores de un posible perdón antes de la condena en caso de que los acusados reconocieran su responsabilidad en los trágicos hechos, adelantó que no interferiría en el Poder Judicial y que el proceso debía finalizar por los cauces ordinarios.
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