Con el objetivo de redefinir la autarquía del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado viernes la Legislatura porteña aprobó la reforma a la ley 1903. Le realizó algunas modificaciones respecto el proyecto original, pues este había generado disconformidad en los empleados judiciales locales.
El punto más polémico de la reforma preveía facultades sancionatorias al fiscal general. Entre ellas apercibir y suspender por causas de incumplimiento en las funciones, y podría sancionar económicamente a los trabajadores descontándole un porcentaje de sus sueldos. Esto último llevó a la Asociación de Empleados de la Justicia de Buenos Aires a declararse en estado de alerta y movilización y a realizar una jornada de protesta el viernes último.
Ante este reclamo de los trabajadores que tildaron de inconstitucional la reforma, los Legisladores decidieron modificar el cuestionado artículo. Así, la nueva norma permitirá aplicar descuentos de hasta un 10 por ciento de los haberes de los empleados y magistrados de menor rango de la Justicia de la Ciudad. No obstante ello, estos podrán presentar un recurso ante el Consejo de la Magistratura que automáticamente suspenderá los efectos de la sanción hasta tanto se resuelva sobre el efectivo mal desempeño.
La diputada Silvia La Ruffa, del Frente Para la Victoria, explicó que desde su bloque impulsaron ese modificación para que esa posibilidad de aplicar multas no se transforme en “una herramienta de arbitrariedad”.
Ahora, resta esperar cuál será la opinión de los empleados judiciales porteños a la vuelta de la feria judicial, ya que el viernes habían adelantado que si se aprobaba la ley iban a realizar alguna medida de fuerza y no descartaban la posibilidad de un paro.
Según la legisladora La Ruffa, la nueva ley del Ministerio Público, que fue aprobada en general con el voto de los 34 legisladores presentes, generó un “debate interesante” en el recinto, ya que se buscó interpretar “qué idea de autonomía tuvo el Constituyente” y “garantizar un Poder Judicial independiente”.
Otros de los puntos destacados de la reforma son la posibilidad que tendrán los fiscales de participar en la elección de los magistrados que serán parte del Consejo de la Magistratura. Asimismo, en el tema presupuestario se redujeron las cifras para la capacidad de contratación. Por otro lado, uno de lo puntos que no logró consenso entre los legisladores fue la iniciativa de que las funciones administrativas del Ministerio Público sean llevadas a cabo por la Magistratura.
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