Así lo decidió y se lo comunicó la semana pasada a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el director nacional de Defensorías Públicas de Uruguay, Juan Jacobo.
La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación está a cargo del defensor público Sergio Paduczak y trabaja sobre las condiciones de alojamiento y los derechos humanos de los presos en todo el país. Entre las acciones más destacadas que llevó adelante la Comisión, se destacan la presentación de un habeas corpus que logró amplias reformas en la cárcel de Devoto. Otros alcances fueron la disminución del número de alojados y la remodelación de los pabellones, así como el traslado a una unidad penitenciaria de una docena de mujeres que estaban detenidas junto a sus hijos en trailers de camiones en condiciones infrahumanas a disposición de la Gendarmería Nacional en Jujuy.
El trabajo de la Comisión fue destacado en mayo por el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, durante el Congreso de Defensorías Públicas del MERCOSUR que se realizó en mayo en Buenos Aires.
Uruguay replicará la experiencia argentina en el marco del Programa Eurosocial. Este fomenta el intercambio de iniciativas para el acceso a la Justicia y es financiado por la Comunidad Europea. El país vecino pone en funcionamiento la Comisión luego de un amplio cronograma de actividades desarrollado entre ambas Defensorías y que incluyó la visita de defensores argentinos al Uruguay para explicar cómo es el trabajo que se realiza en Argentina.
Además del programa de la Comisión de Cárceles (que también se aplica en Bolivia), en Uruguay también se está trabajando el “Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales de derechos humanos en el ámbito interno” y el “Programa para la atención de problemáticas sociales y relaciones con la comunidad”.
En el marco de este intercambio de experiencias en marzo pasado, defensores uruguayos y bolivianos estuvieron en el país y participaron de tres paneles sobre la problemática carcelaria.