El proyecto del diputado nacional del Partido Renovador de Salta Carlos Sosa propone modificar dos artículos del Código Civil e incorporar además el 124 bis para aplicar exámenes psicológicos a quienes hayan sido reincidentes en delitos sexuales y quieran recuperar la libertad una vez cumplida la condena.
El objetivo central del proyecto es establecer la castración química como pena conjunta con la privación de la libertad para quienes son condenados por los delitos contra la integridad sexual.
El proyecto dice textualmente que la castración química es “un método que busca reducir los niveles de testosterona (hormona que regula el deseo sexual) mediante la administración de una serie de compuestos químicos que se le suministran al paciente (en este caso a quien este condenado)” y su aplicación produce la “disminución del deseo sexual y de las erecciones, así como también la reducción de pensamientos eróticos”.
Con ese método se busca “eliminar las erecciones y el deseo sexual, sin utilizar la vasectomía o alguna forma de castración entendida en el sentido tradicional, que elimina un elemento probatorio por excelencia en estos delitos, los rastros de semen, mediante los cuales se pueden obtener el ADN del agresor”.
La propuesta de endurecer la pena se debe a que en los delitos contra la libertad sexual “la reincidencia se produce en porcentajes alarmantemente mayores que en los demás casos”, señalan los fundamentos del proyecto que agrega que “estudios psiquiátricos demuestran que el delincuente sexual no es en general sicótico, ni un insano, ya que reconoce la calidad de sus actos, comprende su criminalidad y está en pleno uso de sus facultades al cometerlo, lo que le permite dirigir sus acciones con libertad, disfrutando lo que realiza”.
La iniciativa es calificada de polémica por su propio autor. Sosa reconoce que la castración química “produce una colisión de derechos” como a la intimidad de las personas, el derecho a la salud, a la seguridad, a la libertad sexual, y a la vida, pero sostiene que para algunos delitos se deben tomar medidas “que no siempre pueden ser catalogadas de ortodoxas”.
“Tenemos que ser concientes que siempre debemos cuidar por sobre todas las cosas los derechos humanos de las personas, tanto del común de la gente, como también de los que delinquen”, propone el diputado Sosa y sostiene que la castración química ya se aplica en Dinamarca, Australia, Alemania y Suecia.
Además, el proyecto propone que los reincidentes en delitos sexuales sean sometidos a exámenes psicológicos para obtener su libertad. En este punto, Sosa sostiene “de acuerdo a la gran mayoría de los estudios psicológicos que se le han realizado a los violadores, en porcentajes muy altos, estos vuelven a cometer el mismo ilícito una vez que salen de la cárcel, por lo tanto a fin de evitar que las mismas personas que ya han tenido una condena, vuelvan a la sociedad a delinquir nuevamente y más aun a cometer delitos atroces como ser la violación, el Estado debe tratar mediante la asistencia psicológica que cuando recobre su libertad, no vuelva a cometer estos delitos”.
Proyectos como estos han sido presentados en años anteriores en el Congreso de la Nación. Lo hicieron los ex legisladores justicialistas Elsa Lafrano y Pepe Lorenzo y en diciembre de 2005 la actual diputada Irene Bosch de Sartori (Frente para la Victoria – Misiones). Pero nunca tuvieron el apoyo necesario para hacer aprobados en ninguna de las dos cámaras.