Elisa Carrió había sido denunciada por Héctor Antonio, hijo del fallecido Jorge Antonio, por unos dichos vertidos por la candidata a presidente respecto a ciertos periodistas. Según Antonio, Carrió había asegurado que él había tenido alguna relación con el homicidio de Raúl Espinosa.
El agraviado expresó además que según la candidata, él formaba parte de una “mafia pesquera” que quería quedarse con la empresa de Espinosa. Como consecuencia de ello, inició acciones judiciales a fin de defender su honor.
Luego del traslado de la querella, Elisa Carrió no se retractó de sus dichos, dejando inutilizada la opción que prevé el Código Penal para evitar la imposición de la pena.
La causa avanzó por impulso de la querella, que propuso a tres periodistas de testigos. Ellos afrimaron que los dichos provinieron de la propia Carrió.
El titular del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11 decidió indagar a Elisa Carrió y posteriormente dictar su procesamiento, auto que fue recurrido por la defensa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
La Cámara confirmó la decisión del a quo, por lo que la imputada interpuso recurso de casación contra esa decisión, que fue rechazado.
Como último remedio presentó un recurso extraordinario federal, pero la Cámara Nacional de Casación Penal le negó la apertura de la instancia extraordinaria, por lo que depositó los correspondientes $5000 y llegó en queja ante la Corte.
Bajo la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, dando fin a la cuestión planteada en los autos caratulados ”Carrió, Elisa s/ causa N° 7052”.
Con el rechazo de este último recurso, el procesamiento de Carrió quedó firme y por tanto le resta afrontar la etapa de juicio, que será llevada a cabo por un juez correccional diferente al que realizó la investigación.
Esta situación podría poner en peligro la candidatura a presidente de Elisa Carrió, pudiendo ser impugnada por otros partidos políticos.
Varios hombres de prensa se mostraron desconfiados del proceso que se le lleva en su contra, que consideran una maniobra política del oficialismo.