El proyecto fue redactado por el diputado oficialista Héctor Recalde, quien resaltó en los fundamentos de la iniciativa los graves efectos del empleo no registrado o registrado irregularmente (con datos inexactos o falsos).
De convertirse en ley la norma, los trabajadores que tuvieron un trabajo en negro y quedaron desempleados podrán acceder a los beneficios del subsidio siempre que cumplan con dos requisitos. El primero es la exigencia de denunciar al empleador con quien tenía el contrato de trabajo irregular, mediante una declaración jurada realizada por medio de un formulario y presentada al ANSES .
La autoridad administrativa abrirá una breve investigación sumaria, en la cual recavará los medios de prueba pertinentes para avalar la situación de empleo en negro en el que se desarrollaba la actividad del solicitante.
Las pruebas obtenidas en esa investigación no podrán utilizarse en el juicio, tal como lo expresa textualmente el proyecto de ley.
De no poseer el trabajador prueba fehaciente de la remuneración que percibía de su empleadora, se le asignará un subsidio correspondiente al salario de un sujeto que percibe mensualmente el salario mínimo, vital y móvil.
Por otro lado, el proyecto exige al trabajador no haber conseguido un nuevo trabajo en el corto plazo como segundo requisito para poder beneficiarse del subsidio.
Actualmente, sólo pueden acceder al subsidio de desempleo quienes están registrados como trabajadores de determinado empleador ante la AFIP. Ello pues es necesario hacer entrega del certificado de trabajo correspondiente, que se entrega una vez finalizada la relación laboral.
Por medio de la norma que trata de implementarse, quien deba realizar un juicio laboral para obtener la indemnización correspondiente por su trabajo, podrá obtener además los beneficios sociales del desempleado.
Ello hará cambiar el poder negocial del trabajador durante la etapa conciliatoria y la primera fracción del juicio, ya que de obtener el subsidio no tendrá una necesidad de llegar rápidamente a un acuerdo, lo que aumenta sus chances de obtener una cifra más cercana al resarcimiento que corresponde por ley.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y girado a la Cámara de Senadores, por lo que en las próximas semanas podría convertirse en ley.