La iniciativa propone distintos plazos para reducir la pena según la capacitación que elija el detenido. La escala va desde dos meses por oficio aprendido; tres meses por cursar estudios primarios o secundarios; cuatro meses para el nivel terciario; y seis meses para los estudios universitarios o de postgrado. Además, por cada año de formación se sumará un mes. Todos los plazos son acumulativos pero la reducción de la pena no podrá ser mayor de 22 meses.
La medida beneficiaría tanto a condenados como a procesados alojados en unidades penitenciarias nacionales y provinciales para obtener la libertad condicional o asistida, salidas transitorias, semilibertad y salidas por estudio. El proyecto también insta a las autoridades penitenciaras a que garanticen “la posibilidad de que el interno acceda al nivel de estudio correspondiente a su condición”.
Datos oficiales indican que actualmente estudian el 55 por ciento de los presos alojados en las cárceles federales y bonaerenses. En los dos servicios penitenciarios más grandes del país: lo hacen 5159 detenidos de los 9.281 del Servicio Penitenciario Federal y 13598 de los 24 mil que viven en las 47 cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La gran mayoría cursa la primaria (4205 detenidos en la provincia y 2993 en el Servicio Federal). Le siguen los estudios secundarios (3488 y 1718, respectivamente) y universitarios (600 y 300). También se dictan cursos de nivel terciarios, de alfabetización, y talleres extra-programáticos.
El proyecto destaca la importancia de la educación como vía para la resociabilización de los presos. “Darle impulso a la educación en las cárceles es un requisito para el éxito de la reintegración social de los detenidos y una contribución al desarrollo real y sostenible de la sociedad que la pone en práctica”, señala.
Las estadísticas también muestran que la educación es un contrapeso al delito. “Los que estudian tienen un 5 por ciento de reincidencia en contra de los que no estudian que tienen entre un 75 y 80 por ciento”, destaca Caamaño. En esa línea coincide el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz: “Aquellos detenidos que estudian mejoran la conducta dentro del ámbito carcelario”.
“Para incentivar a los detenidos a que estudien o trabajen buscamos distintas alternativas, como ampliar las visitas. En ese sentido, el proyecto de ley que se está propiciando va totalmente en la misma dirección”, agrega Fernando Díaz y cita como ejemplo la cárcel de Mercedes. “Era una cárcel muy violenta, con motines y muertes. Esa cárcel tiene hoy alrededor de 800 detenidos, de los cuales el 71 por ciento está estudiando algo. Ahora hace años que no hay motines”, cuenta.
Junto con Caamaño, el proyecto fue elaborado por detenidos que estudian en el Centro Universitario de Devoto (CUD), donde la titular de la Fiscalía N 4 da clases de todas las materias de derecho de penal del Ciclo Profesional Orientado de la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“El CUD es un proyecto único en el mundo”, destaca Caamaño. Se creó en 1981 a través de un convenio con la UBA y actualmente 147 detenidos estudian carreras como Derecho, Sociología, psicología y el Ciclo Básico Común para ingresar a alguna de esos estudios. En la planta baja de la cárcel hay un pabellón exclusivo para estudiar, acondicionado con aulas, biblioteca, y habitantes para que algunos presos vivan allí.
“La diferencia del CUD, como proyecto innovador, es que son los mismos profesores de las universidades los que van a dar clases a las personas privadas de su libertad. Esto genera un cambio muy positivo en el preso. Una persona presa está totalmente subestimada y que vaya una persona que le este ensañando le hace un clic en la cabeza y empieza a pensar en el futuro desde el punto de vista del estudio”, explica Caamaño.
La iniciativa le fue entregada a la presidenta de la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Rosario Romero, que no concuerda con los lineamientos del proyecto. “No vemos posible que por vía de cumplimento de un estudio se reduzca la pena que aplicó un juez. Sí que se estimule a quien estudia con otro tipo de beneficio en lo que es el cumplimiento de la pena”, sostuvo la diputada del Frente para la Victoria.