Shell como persona jurídica no es pasible de la sanción solicitada por Moreno, por eso deberá indicar a quién o quienes dirige sus acusaciones.
La Ley de Abastecimiento y Represión del Agio (20.680) en su artículo 5º inciso b) prevé una pena de "arresto de hasta 90 días", mientras que en el inciso j) va más allá "En caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad, en lugar de la pena establecida en el inciso b) se aplicará la de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años".
El gobierno de Alfonsín también echó mano a la Ley de Abastecimiento. Incluso varias de las sanciones de la época llegaron a la Corte (Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ apelación multa 20.680. C. 893. XXI.; ; 01-12-1988; T. 311 P. 2453 ; Verónica S.R.L. s/ apelación ley 20.680. V. 228. XX.; ; 17-11-1988; T. 311 P. 2339 ;Alpargatas SACI s/ apelación Ley 20.680. A. 562. XXI.; ; 14-04-1988; T. 311 P. 499 ;TIM (Tecnología Integral Médica). T. 276. XX.; ; 08-10-1987; T. 310 P. 2059 ;La Prensa, Sociedad Anónima. L. 122. XXI.; ; 02-09-1987; T. 310 P. 1715).
El Máximo Tribunal se ocupó de dirimir cuestiones que hacían a la facultad del Estado de intervenir vía Secretaría de Comercio y Ley de Abastecimiento en las variables económicas de las empresas. En ese entonces la Corte tenía 5 miembros (dos de los cuales hoy siguen integrando el Máximo Tribunal: Fayt y Petracci) y el Moreno de la época se llamaba Ricardo Mazzorín (más conocido por la historia de los famosos pollos congelados). En la mayoría de los casos, los ministros fallaron a favor de la facultad de intervención del Estado.
El decreto 2284/91, ratificado por la Ley 24.307, suspendió durante la época de Menem las disposiciones de la Ley de Abastecimiento, salvo en lo que se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte normas sobre comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Sin embargo el mismo mandatario volvió a poner en vigencia la norma mediante el decreto de necesidad y urgencia 722 de 1999 y Duhalde, mediante el decreto 496/2002 se tomó el trabajo de actualizar el monto de las multas.
El juez Aguinsky entiende que sería inútil dejar subsistir un mero inciso de la ley (el c del artículo 2º), privando al Estado de las facultades sancionatorias a las que podría echar mano en caso de inclumplimiento. De lo contrario quedaría reducido a un mero precepto teórico sin consecuencias jurídicas.
A pesar de los intentos de defensa de la empresa argumentando que la Ley 20.680 no está vigente (desde hace 2 meses hay un amparo sobre el tema en el juzgado a cargo de Diego Zysman pendiente de resolución), para Aguinsky la Ley de Abastecimiento sí es aplicable y para ello se propone llevar adelante un juicio correccional que está dentro de la competencia de la primera instancia del fuero Penal Económico.
Esta es la primera vez que un gobierno pretende ir más allá de las multas y aplicar sanciones de privación de la libertad. Como no hay un mecanismo previsto para poder salvaguardar todas las garantías constitucionales en un proceso en que se dirime una posible pena de arresto en un tema de derecho infraccional, el juez recurrirá a una creación pretoriana: un juicio oral correccional, trayendo del Código Procesal Penal el más amplio arco de garantías al que puede acceder un imputado frente a la acción estatal.
Aguinsky llevará a cabo un juicio oral y público que no sólo servirá para saber si Shell se merece las sanciones que pretende imponer Moreno, sino que tendrá ribetes de un “leading case” sobre los alcances y límites de la polémica Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 pero utilizada por casi todos los gobiernos democráticos que le siguieron cuando lo necesitaron.
El Gobierno y Shell tienen una nutrida historia de peleas, que tuvo su pico de virulencia cuando en marzo de 2005 Kirchner exhortó a la población a boicotear a Shell y 33 estaciones de servicio de esa marca fueron bloqueadas por piqueteros K. El Gobierno aplicó por primera vez la Ley de Abastecimiento en diciembre de 2006 cuando le impuso a la petrolera anglo-holandesa 23 multas de un millón de pesos (el máximo previsto) por desabastecer al mercado en octubre y noviembre de ese año. Durante 2007 le siguió aplicando sanciones. Ahora un juez tomará cartas en el asunto.