A través de una nueva presentación judicial, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires volvió a cargar contra el gobierno porteño para pedir que cumpla con sus obligaciones. Esta vez, el asesor tutelar de menores e incapaces promovió una acción de amparo para que se garanticen las condiciones de seguridad en los natatorios que sirven como sede a las colonias de vacaciones de la Ciudad.
La medida presentada por Gustavo Moreno, de la asesoría tutelar 1, tuvo lugar luego de que en el 2002 comenzaran a denunciarse desde el Ministerio Público
serias irregularidades en el funcionamiento de los natatorios porteños. Desde entonces que no se ha tenido, hasta el momento, una respuesta por parte del Ejecutivo local.
El amparo llega a menos de un mes de que el mismo funcionario haya exigido una solución habitacional para los habitantes de la incendiada Villa El Cartón, que están alojados en un asentamiento de Parque Roca. Esa acción dio lugar a que el juez Roberto Gallardo, como medida cautelar, ordenara al gobierno de la Ciudad a garantizar, entre otras cosas, las condiciones de salubridad del lugar y el servicio de transporte escolar para los niños.
En el mismo marco, el funcionario también denunció a principios de agosto el incumplimiento por parte del Ejecutivo porteño de una orden judicial que lo obligaba a brindar servicios básicos (de luz, agua potable, etc.) a las familias de la Villa 21/24 de Barracas.
En el nuevo amparo, el Ministerio Público remarcó que su “función específica constitucional es procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”, por lo que pidió al gobierno de la Ciudad que
“cese en su omisión de no ejercer debidamente el poder de policía que se encuentra a su cargo, al no arbitrar los medios previstos para garantizar la aplicación y cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de habilitación y seguridad de los natatorios públicos dependientes del GCBA”.
Moreno remarcó que esta omisión administrativa permite la “existencia de una situación de inseguridad y de déficit de infraestructura y servicios que compromete el derecho a la salud de los niños”. Y agregó que “se ven afectados de tal manera los derechos a la salud y a la integridad física y hasta la vida de mis representados al permitir que los mismos permanezcan en natatorios públicos dependientes de la ciudad donde inclusive la propia demandada ha reconocido serias falencias en materia de seguridad e higiene”.
Ante esto, solicitó que “se ordene al G.C.B.A que diseñe, presente y ejecute en el término de treinta días de quedar firme la sentencia, los proyectos de obras actualizados -y en su caso el estado de avance de los mismos si se estuvieran ejecutando-, tendientes a dar solución a las irregularidades detectadas en los natatorios”.
El escrito remarca que el Ministerio Público comenzó a detectar en 2002 las irregularidades en los natatorios, por lo que denunció una “falta de una política de estado sostenida, tendiente a dar solución a las carencias edilicias y de seguridad que estos lugares de esparcimiento y recreación ostentan”.
Así, se argumenta que “el amparo se interpone ante la inacción administrativa consistente en la omisión en la ejecución de un acto concreto, el deber de ejercer los controles periódicos pertinentes sobre todos los natatorios que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, con la consecuente vulneración de derechos que esta circunstancias implican para mi representados”.
dju / dju
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