El gobernador Jorge Obeid siguió el mandato constitucional: propuso a los candidatos y envió sus postulaciones a la Legislatura. Pero el Colegio de Abogado de Rosario le pidió que previo a ese último paso ponga a consideración de la ciudadanía el nombre de los candidatos, tal como ocurre a nivel nacional con los postulantes a todos los cargos de magistrados, incluidos los de la Corte Suprema.
“Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta favorable a nuestra solicitud”, le dijo a Diariojudicial.com el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, quien explicó que le hicieron llegar cartas al Gobernador y publicaron solicitadas con su iniciativa.
El pedido se originó a partir de las renuncias para jubilarse del procurador general, Jorge Bof, y del juez decano de la Corte santafecina, Rodolfo Vigo. Obeid postuló para el Máximo Tribunal al abogado penalista Daniel Erbetta y para el Ministerio Público al juez y presidente del Colegio de Magistrado de Santa Fe, Agustín Bassó.
“A partir de la renuncia del Procurador hicimos gestiones con notas al Gobernador donde le pedimos que generara un mecanismo de consulta similar al decreto nacional 222/03 para que las entidades pudieran opinar del perfil del Procurador de la Corte”, sostuvo Araujo.
El decreto 222 fue sancionado por el presidente Néstor Kirchner en junio de 2003 y abrió una instancia para que organizaciones no gubernamentales y particulares presenten opiniones sobre los candidatos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La norma da un plazo de 15 días para presentar observaciones y obligada a los postulantes a realizar una serie de presentaciones personales como su declaración jurada de bienes y una nómina con las empresas, entidades civiles y clientes con los que trabajaron en los últimos ocho años. El mismo criterio aplicó el decreto 588 para los jueces inferiores.
Esos alcances no rigen en Santa Fe cuya Constitución otorga la potestad de designación de las autoridades judiciales al gobernador con la posterior aprobación de la Legislatura. “Son facultades constitucionales y no tiene obligación de consultar a nadie”, aclara Araujo despegando cualquier vicio de ilegalidad en la decisión de Obeid.
Respecto a los candidatos, los abogados no objetan a Erbetta, quien fue decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, integrante de la comisión que redactó el cajoneado anteproyecto de reforma al Código Penal de la Nación y actualmente es profesor en la Universidad Nacional del Litoral y de la UBA, pero sí muestran cierta crítica a la postulación de Bassó, camarista penal.
Araujo, quien opinó a título personal ya que el próximo lunes 17 de agosto habrá una reunión de la Asamblea del Colegio de Abogado para tratar las postulaciones, sostuvo que al ser el presidente del Colegio de Magistrados, Bassó “no es la persona que va a tener el mayor grado de independencia”.
A eso agregó que tiempo atrás Bassó criticó que los abogados cubran vacantes en el Poder Judicial. “Se manifestó de forma muy dura, hasta hiriente”, dijo Araujo.
Ahora habrá que esperar si el triunfo de este domingo del socialista Hermes Binner como gobernador de la provincia modifica las postulaciones de Erbetta y sobre todo la de Bassó, o la Legislatura avanza con los nombramientos.
Igual en Tucumán
Tucumán atraviesa una situación similar a la de Santa Fe. Luego de la renuncia del presidente de la Corte Suprema, Alfredo Dato, para presentarse como candidato a diputado nacional por el oficialista Frente para la Victoria, dos ONGs le propusieron al gobernador José Alperovich que adopte los decretos nacionales 222 y 588. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) también reclamaron que el Poder Legislativo provincial celebre audiencias públicas con los candidatos y que los votos de los legisladores queden registrados, como ocurre en el Senado de la Nación.