Las comisiones de Legislación Penal y de Defensa de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen este miércoles para derogar el Código Militar y que los delitos castrenses sean juzgados como civiles a través del Código Penal. Se prevé que el tema sea tratado por el pleno de la Cámara en su próxima sesión. El proyecto incluye también la instauración de una nueva herramienta disciplinaria, la determinación de un procedimiento para administración de Justicia Penal Militar en tiempos de guerra, la creación de un servicio jurídico conjunto para las fuerzas armadas, y la modificación del Código Procesal Penal de la Nación. Fue elaborado por una comisión de más de veinte expertos convocada por el Gobierno e integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, de la Facultad de Derecho de la UBA, y de varias ONGs. La iniciativa fue enviada al Congreso por el presidente Néstor Kirchner el 19 de abril.
La magistrada declaró haber estado “coaccionada”
La ex jueza Emilia Marta García, imputada en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), confesó hoy ante el juez federal Sergio Torres que actuó "coaccionada" por temor a eventuales represalias sobre su hermana que estaba desaparecida. La ex magistrada está denunciada por haber formado parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a los detenidos de la ESMA. Según García, “vivía en un estado de terror permanente" y “firmaba lo que le pedían" los titulares de la escribanía en la que trabajaba y donde se certificaban las supuestas firmas de los detenidos-desaparecidos de cuyos bienes se apoderaban los represores. La ex jueza decidió dejar su cargo en abril de 2006 cuando la investigaba el Consejo de la Magistratura y su renuncia fue aceptada a dos días de comenzar el juicio político en su contra.
Pareja procesada
Omar Peralta, juez nacional en lo criminal, dictó el auto de procesamiento a Virginia Kelm, novia del abogado Gabriel Novaro y quien se tiroteó con el grupo GEOF. El juez consideró que a prima facie la imputada habría tenido algún tipo de responsabilidad penal en el delito de coacción denunciado por un albañil que trabajaba para la pareja. El denunciante había asegurado que tanto la mujer como el abogado se habían presentado en su domicilio y lo amenazaron con un arma de fuego y con un taladro. La defensa, por su parte, entendió que la decisión del juez no se basó en pruebas respecto a conductas de la imputada, sino de su pareja y que ella no tuvo en ningún momento dominio de lo que ocurría. La defensa aseguró que la decisión será recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Más restricciones en Venezuela
Esta semana fue entregado a las autoridades municipales, el proyecto de Ley de Registro Civil. Entre las propuestas del borrador, se encuentra la limitación a los padres a la hora de decidir los nombres para sus hijos. Se trata de limitar aquellos nombres que los pongan en ridículo, sean extravagantes o de difícil pronunciación, generen confusión, dudas sobre la identidad o sobre el sexo. La ley prevé la creación de una lista con unos 100 nombres propuestos entre los cuales los padres deberán optar. Sin embargo, según se informó, quedarán exceptuados los descendientes de etnias aborígenes y extranjeros. La gran pregunta es, ¿quién decide qué nombre ofende o confunde? Chávez cree tener la respuesta.