Alejandro Corda
Profesor UBA
La respuesta judicial a la problemática de las drogas siempre ha generado discusiones. Las diferentes miradas sobre el fenómeno se reflejan en la jurisprudencia actual. Pese a la falta de un fallo de la Corte que traiga algo de claridad y de un discurso político arrollador, los tribunales federales están dando cada vez más señales sobre el tratamiento que debería tener el consumo de drogas. Para hablar de estos temas, Diariojudicial.com entrevistó al profesor de la UBA Alejandro Corda. El abogado, que también integra la asociación civil “Intercambios” y es secretario de un juzgado federal, opinó que muchos jueces están en contra del artículo 14 de ley de drogas, pero admitió que la línea de la inconstitucionalidad “no ha tenido gran eco”. “Hay una línea jurisprudencial de la “no afectación de la salud pública” que tuvo más desarrollo últimamente”, dijo. Sobre la actuación de la Policía, a la que se acusa permanentemente de perseguir a los consumidores, admitió que la fuerza aún no logró modificar sus prácticas. “La criminalización es más policial que judicial. Son muchos años de aplicar la norma de una manera”, explicó al término de un Seminario organizado por la Defensoría General de la Nación, que tuvo presencia de expertos extranjeros. Además, Corda admitió que no hay indicios que la Corte actual se vaya a pronunciar sobre el tema del consumo, se manifestó a favor de la despenalización del consumo y se mostró preocupado por el control que se lleva a cabo sobre los tratamientos para adictos.
¿Cómo analiza la jurisprudencia reciente sobre la problemática de las drogas?
Hay una línea jurisprudencial de la “no afectación de la salud pública” que tuvo más desarrollo últimamente. Hay otras, que tienen que ver con poca cantidad de droga (cocaína o marihuana), donde se buscan argumentos jurídicos para decir que “está afectado el cuerpo del delito”. U otras líneas que van atacando a la falta de legitimidad de la Policía para proceder a la requisa o a la detención.
¿Cómo ve los intentos por declarar inconstitucional el artículo 14 de la ley de drogas?
Esa línea no ha tenido gran eco. Seguramente muchos jueces opinan de esa manera, pero se toma en cuenta el fallo Montalvo (1990), que la Cámara de Casación ha hecho propia esa argumentación, y que la actual Corte no ha dicho lo contrario, mas allá de lo que uno podía esperar.
¿En la provincia de Buenos Aires sucede lo mismo?
Después de la ley de desfederalización, muchos juzgados criminales encararon por el lado de la inconstitucionalidad de la ley, retomando el fallo Bazterrica (1986), pero creo que esa jurisprudencia no ha quedado del todo firme. Hay que ver qué pasa en las instancias superiores....
¿Por qué cree que la Corte no trató este tema, teniendo en cuenta que hasta el propio ministro del Interior se manifestó públicamente en contra de la criminalización del consumo?
El ministro habló de cambiar las prácticas policiales, esto de “no perseguir más a los perejiles”, pero no habla de despenalización. Y, hasta donde yo se, esa prácticas no han variado. Son muchos años de aplicar la norma de una manera. Cambios de ese tipo implican más tiempo.
¿Usted estaría a favor de modificar la ley entonces?
Es sano no tocar la ley muy seguido. Y si se quiere cambiarla, es necesario un debate amplio y llegar a algún tipo de consenso. La línea jurisprudencial de “no afectación del bien jurídica” marca como un lugar intermedio, es decir, ciertas tenencias pueden llegar a estar alcanzadas por la ley penal, y otras tenencias, que no son problemáticas, no.
¿Se mantienen, igualmente, grandes diferencias entre las distintas jurisdicciones?
Sí, todavía hay criterios disímiles, dependiendo del lugar o la jurisdicción.
¿Eso complica la tarea de los abogados, defensores y fiscales?
Claro, tener fallos contradictorios sobre un mismo tema crea inseguridad jurídica. Por eso nosotros, desde las ONGs, propiciamos un debate amplio, basado en datos científicos.
¿Por qué opina que la criminalización es más policial que judicial?
En la Ciudad de Buenos Aires, la Policía levanta consumidores por la calle. Luego, los juzgados están seleccionando casos y, en muchos casos, terminan en un sobreseimiento. Eso no quita tener una causa penal y estar en una comisaría algunas horas.
¿Estamos más cerca de reformar la ley o de un fallo de la Corte que aclare el panorama?
Son dos posibilidades. No las veo cercanas. Sí creo que se puede trabajar desde otros lugares. Lo que dijo Fernández (Aníbal), por ejemplo, apunta no a cambiar la ley pero sí a la forma en que se aplica. En este proceso, las fuerzas de seguridad no pueden estar ajenas. Es necesario que redefinan su actuación en términos más democráticos. Hay que incluirlas en estos procesos.
En otros países, los consumidores reciben penas administrativas. ¿Es posible ese sistema en Argentina?
Acá la ley es penal: haces el tratamiento o tenés una pena, mas allá de que hay pocas condenas a consumidores.
¿Con las estadísticas en la mano, el sistema judicial no esta siendo “malgastado”?
Hay que buscar mayor coordinación entre el criterio judicial y la actuación de las fuerzas de seguridad, para que los casos que tome la Policía sean aquellos casos “problemáticos”.
¿Qué sucede cuando el acusado decide encarar un tratamiento?
El tratamiento es una opción media falsa, no es una opción auténtica. En general, la persona elige el lugar donde quiere hacer el tratamiento. Supuestamente el control está a cargo de los juzgados de ejecución penal, pero la realidad es que están saturados. Hay que profundizar qué es lo que ocurre con este tema.
¿Cómo evalúa la ley de desfederalización y lo que generó?< br>
En un principio levantó muchas críticas. Algunos decían que no había suficientes recursos. Otros decían que se iba a incrementar la cantidad de causas por consumidores. Pero la procuradora Falbo, a la hora de aplicarla, lo hizo con un criterio llamativo, porque planteó que no se levanten tantas causas de consumidores y que los fiscales se detengan en el pequeño tráfico.
¿Hay criterios similares para los defensores, en el ámbito nacional y provincial?
En septiembre del año pasado, la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez, sacó una resolución diciéndole a los defensores que están a su cargo que aplicaran tanto los fallos de inconstitucionalidad como ese criterio de la Cámara Federal de “la no afectación del bien jurídico”.
¿Usted está a favor de la despenalización del consumo?¿Por qué?
Sí, claramente. Lo dice la ley de prevención de las adicciones, que acaba de salir en junio, el problema del consumo es “socio-sanitario” y tiene que ser encarado de esa forma. La respuesta penal complica más de lo que soluciona. El derecho penal, en este aspecto, tiene poco que hacer o casi nada para hacer. Igual, antes que hacer prevalecer una opinión, es importante alcanzar consensos.
¿Está preparada nuestra sociedad para ese cambio?
No lo sé, hay que discutirlo (...) En todo caso, hay que pensar qué conductas sí y qué conductas no.