El representante del Ministerio Público investiga (por delegación del juez Nelson Jarazo, por el artículo 196 del CPPN) irregularidades en la concesión de los peajes en la autopista presidente Humberto Illia por parte de varios ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad, entre ellos el actual presidente Fernando de la Rúa; el Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer; el secretario de Hacienda, Eduardo Delle Ville.
El pasado 30 de julio Molina Pico solicitó a Jarazo que citara a los cuatro imputados a indagatoria, a lo que Gallo respondió con la denuncia ante Becerra por “mal desempeño” junto a una solicitud de la instrucción de un sumario en su contra, la aplicación de medidas disciplinarias y la iniciación del procedimiento de remoción en el ámbito del Ministerio Público.
Al realizar el descargo que le pidió Becerra, el fiscal de Instrucción sostuvo que el escrito de Gallo “tiene dos razones de peso: el membrete y el sello”, y argumentó que “la denuncia debe ser desestimada” porque “los miembros del Ministerio Público no pueden ser acusados, interrogados ni molestados por las opiniones o aseveraciones que formularen ante los jueces” y expuso para sustentar su postura en antecedentes del propio Procurador en el caso “Romero Victorica”, que publicara Diariojudicial.com el pasado 16 de octubre en oportunidad en que el Máximo Tribunal hizo suya la opinión de Becerra en respaldo de la autonomía funcional de los fiscales.
Por otra parte, Molina Pico citó la decisión de Becerra de apoyar al fiscal federal Carlos Stornelli cuando fue presionado por su investigación en la causa “Armas” a través de actitudes del Poder Ejecutivo que identificó con las que ahora a él afectan. En esa oportunidad el jefe de los fiscales expresó que “en forma coherente con la actitud que he asumido al comienzo de mi gestión, habré de señalar enfáticamente que garantizaré al señor Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Ernesto Stornelli, la continuidad en el pleno y eficiente cumplimiento de las tareas propias de su investidura”.
Sin dejar nunca de lado en todo su escrito un tono irónico, Molina Pico sostuvo: “No puedo dejar de decir que causa tristeza que quien representa –en su calidad de Secretario General- a la Primera Magistratura de la Nación, y que, por tanto, debería en todos sus actos ser cátedra viva de Derecho, vierta argumentos... sólo existentes por la evidente y lamentable ausencia de patrocinio letrado”.
En su denuncia ante Becerra, Gallo había acusado a Molina Pico de “discriminar” entre los funcionarios de la gestión delarruista y los menemistas que también intervinieron anteriormente en la negociación de la concesión, “a quienes omite por completo en su pedido de indagatorias, pese a que en su libelo reconoce que actuaron de esa manera”.
Para el fiscal –que obtuvo el respaldo de sus pares de Instrucción además de una decena más de otros fueros-, aunque “estos parágrafos no tienen valor jurídico alguno, ni dentro, ni fuera de la causa judicial, ni de este sumario, sí son hábiles para poner en evidencia que el análisis se hace desde un punto de vista meramente politiquero, lo cual pone de resalto la gravedad institucional de este caso, que se pretende resolver interfiriendo la labor del ministerio público, en lugar de presentándose a derecho y brindar las explicaciones que permitirán aclarar la litis”.
Molina Pico también se quejó de la actitud del juez Jarazo, quien rechazó las indagatorias y le exigió al fiscal que amplíe las medidas probatorias. El magistrado le pidió que antes cite a indagatoria a un funcionario de menor jerarquía y que calcule los daños que el presunto delito causó. En diálogo con este medio el fiscal advirtió que “de esta manera se va a prescribir la causa” y aclaró que todo el expediente “está basado en decretos y documentos concretos”, con lo que en esta instancia no sería necesario ampliar las medidas probatorias.
El fiscal también se mostró molesto por un escrito del Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, en el que pidió el sobreseimiento “de todos los acusados” (entre ellos él mismo), también con membrete y sello, pero está vez del organismo que él encabeza. Según Marcer, el pedido de indagatoria de Molina Pico es “un acto procesal plagado de inexactitudes, imprecisiones y errores, no fundado jurídicamente, discriminatorio en cuanto a las personas que imputa y absurdo en cuanto a las consecuencias que pretende... Es por ello un acto descalificable e irresponsable, atento a las personas que involucra y susceptible de generar infundadas sospechas y enorme inquietud pública”.
Molina Pico consideró que el escrito de Marcer “es una medida dictada con desviación de poder, que resulta una inadmisible intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera propia y privativa del poder judicial y del Ministerio Público”, con lo que pidió su desgloce de las actuaciones, solicitud que fue denegada, luego apelada y que se encuentra en queja en la Cámara del Crimen.
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