Gastos ocultos

La Fundación Poder Ciudadano comparó los gastos declarados por los partidos políticos que compitieron en las últimas elecciones porteñas, con el presupuesto utilizado por dos candidatos ficticios en una similar campaña electoral. Así pudo comprobar que hubo una “una política deliberada de ocultamiento o encubrimiento” y que poco se cumple con la ley 268 de la Ciudad que regula la materia.

Según el "Estudio de simulación de costos de la campaña electoral porteña 2007" dado a conocer por Poder Ciudadano, un candidato ficticio de presupuesto moderado hubiese invertido 4.646.861 pesos para buscar ser Jefe de Gobierno, mientras que un candidato con gastos elevados hubiese utilizado 9.653.071 de pesos.

Así, teniendo en cuenta que tanto el Pro de Macri como el Frente Para la Victoria de Filmus declararon cerca de dos millones de pesos de gastos cada uno, se puede concluir que las cifras estimadas por la ONG en su estudio representan el doble para el primer caso y más del triple en el segundo. Mientras que la misma comparación no se pudo hacer con el presupuesto utilizado por la alianza “Frente más Buenos Aires”, encabezada por Jorge Telerman, porque no dio a conocer su informe de gastos, según indicó Poder Ciudadano.

“Queríamos saber cuánto cuesta realmente una campaña electoral, porque nos dábamos cuenta que los gastos declarados no se condicen con lo que se observa”, dijo Pablo Secchi, coordinador del Área Acción con Políticos de Poder Ciudadano, que llevó adelante la investigación.

La ley 268, que regula los gastos de campaña, fue sancionada en 1999 por la Legislatura porteña antes que su similar a nivel nacional, la ley 25.600 y posteriormente modificada por la 26.215, que data desde 2002. La ley local establece en su artículo 8 que “los partidos políticos, alianzas y confederaciones, pueden realizar gastos destinados a la campaña electoral por una suma máxima para cada categoría que en ningún caso supere los cuarenta centavos ($0,40) por cada elector/a empadronado/a para votar en esa elección”.

El informe indica que “diferentes especialistas en la materia coinciden en que, con el paso del tiempo, las regulaciones sobre financiamiento político pierden efectividad en cuanto a su cumplimiento, ya que los actores en general tienden a sortear las restricciones y las prohibiciones que les impone la ley a través de nuevas modalidades”. Siendo un claro ejemplo de la antigüedad de esta ley los montos máximos que establece para los gastos de campaña, pues quedaron desactualizados a causa de la inflación.

De acuerdo a la comparación de gastos declarados y los estimados por la ONG, la mayor diferencia se presentó en la contratación de asesores políticos y publicistas. En la simulación, los candidatos ficticios invirtieron cerca de un 29% del total de sus gastos en este rubro, mientras que el FPV declaró que éste representó un 2,9 % del costo total y el PRO no declaró la contratación del servicio.

Finalmente, la ONG pidió a la Justicia que empiece a sancionar a través de un monitoreo de gastos de campaña los ocultamientos y además solicitaron una reforma a la ley 268 para que se actualice el monto de los gastos máximos y para que sean públicas las declaraciones de gastos.

Para sacar los cálculos, se tuvo en cuenta los gastos de actos de lanzamiento y cierre de campaña, impresión y fijación de afiches en la vía pública, producción de spots publicitarios, publicidad en subtes, publicidad en medios de comunicación, contratación de asesores de campaña, encuestas, entre otros. Mientras que la estimación de los precios fue obtenida, en algunos casos, de información pública; además, se realizaron consultas a especialistas en la materia, incluyendo importante encuestadores.

Principales datos de la comparación de gastos

• El costo de una campaña a Jefe de Gobierno porteño se ubicó entre los $4.600.000 (candidato B) y los $9.600.000 (candidato A).
• Los costos efectivamente declarados por los candidatos respetaron los topes de la Ley 268. Fueron de: $2.006.514, en el caso del candidato del PRO, y $2.068.279, para el candidato del Frente para la Victoria.
• Estos niveles de gastos no se condicen con las estimaciones: representaron un 381% menos de lo que gastó el candidato A y 130% menos que el B.
• La mayor diferencia se presentó en la contratación de asesores políticos y publicistas. Los candidatos ficticios de Poder Ciudadano invirtieron cerca de un 29% del total de sus gastos en este rubro, mientras que el FPV declaró que éste representó un 2,9 % del costo total y el PRO no declaró la contratación del servicio.
• La mayor parte de los costos de los candidatos ficticios se concentró en el rubro “gráfica en la ciudad”, que representó cerca de un 36-38% del gasto total, mientras que para los candidatos del FPV y PRO, el mayor volumen de gastos fue destinado a “medios masivos de comunicación”. Ahí PRO invirtió 1.704.454 pesos, mientras que el FVP 1.299.946.

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