Los demandantes eran EM, el fondo especulativo controlado por el millonario Kenneth Dart, y de NML Capital. Ambos querían cobrarse parte de una deuda de 1.000 millones de dólares embargando reservas que el Banco Central de Argentina tiene depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Sin embargo, por primera vez la Corte resuelve una demanda de fondos buitres contra Argentina, y de modo favorable a nuestro país.
Los fondos acreedores habían logrado una decisión favorable al iniciar la demanda para cobrar los bonos de la deuda argentina que tienen en su poder. Sin embargo, al intentar cobrarse con dólares que nuestro país tiene depositados en la Reserva Federal de Nueva York, la segunda instancia determinó que esos fondos tienen inmunidad por la ley de Estados Unidos.
El caso llegó a la Corte Suprema cuando los acreedores quisieron demostrar que esa plata no pertenecía al Banco Central sino al Gobierno argentino y que habría perdido la inmunidad al declarar el default en 2001.
Como contrapartida no nos fue tan bien en un arbitraje del CIADI que ordenó una indemnización de 172 millones de dólares para la firma estadounidense Sempra Energy. Frente a ella perdió el arbitraje internacional en el que discutían por la caída en el valor de su participación en dos compañías de gas natural.
La disputa se originó por la participación que Sempra tiene en Sodigas Pampeana y Sodigas Sur, dos compañías de gas natural. El valor de ambas se derrumbó como consecuencia de medidas que tomó el Gobierno a comienzos del 2002, según argumentó la empresa.
Este es uno de los 37 procesos de arbitraje que se iniciaron a principios del 2005, según habían informado las autoridades argentinas. Entre todos ellos, las sumas reclamadas superan los US$ 17.000 millones. Algunos de ellos terminaron o se suspendieron por acuerdos entre las partes.
Tal es el caso de Telefónica, que el año pasado desactivó el mayor juicio que había en el CIADI contra la Argentina, también ocurrió así con la productora de gas natural Pioneer Natural Resources que fue la primera que decidió retirar la demanda contra el Estado argentino.
Todo ello ocurre en gran medida debido a que el Gobierno argentino tiene establecido como condición, a la hora de negociar un nuevo marco tarifario para las empresas privatizadas, la renuncia de los reclamos ante el CIADI.
No obstante ello, aún quedan demandas millonarias ante el tribunal que depende del Banco Mundial, por lo que este nuevo laudo no parece que vaya a ser el último que condene a la Argentina a indemnizar empresas extranjeras.