Los magistrados responsabilizaron al Gobierno porteño porque a pesar de las reiteradas lluvias que sufrió, la Ciudad no controló los sumideros, que fueron sobrepasados en su capacidad de absorción y conducción y tampoco realizó obras para inundaciones.
“Son cuantiosas las probanzas que demuestran que -ante la repetición de situaciones como las de marras- ninguna medida ha tomado la encartada tendiente a evitar - o al menos disminuir- que gran parte del territorio que se encuentra bajo su órbita sucumba bajo el agua, con los efectos nocivos que provocan tales fenómenos”, explicaron los camaristas.
La demanda la inició una vecina del barrio de Villa Devoto cuyo domicilio de la calle Gabriela Mistral al 4100, y otras cosas muebles que estaban en su interior, sufrió daños por la gran cantidad de agua que cayó el 24 de enero de 2001, lluvia que también afectó a otras localidades de la ciudad y del conurbano bonaerense.
En primera instancia, la acción fue rechazada. Pero la mujer insistió acusando al Gobierno de ser responsable por no realizar trabajos que evitaran las problemáticas inundaciones. La Cámara le dio la razón y la vecina deberá ser indemnizada con 6.926 pesos.
Los jueces destacaron que una dependencia del gobierno calificó a Devoto como una zona inundable por lo que “tampoco resultaba difícil de prever” las consecuencias que sufrió la vecina. A eso agregaron que la ciudad sufre copiosas lluvias desde 1985, por lo que el caso denunciado no es una “situación aislada” y eso “sin duda da cuenta de la entidad del incumplimiento incurrido por esa repartición estatal”.
Por último, los magistrados señalaron que a pesar de que había un sumidero frente a la casa de la mujer “tal instalación fue claramente impotente para neutralizar o reducir los efectos de las intensas lluvias; conclusión ésta que se refuerza ni bien se observe que el inmueble de la accionante se encuentra, además, por encima del nivel de la vereda”.
Los magistrados explicaron que “desde hace ya varios años acontece en la especie una notable evolución; pues de un planteo que apuntaba a desligar al Estado de su obligación de responder, se transitó por un camino que derivó en asignarle una responsabilidad cierta y definida en casos como el de autos”.