El Congreso de Bolivia ha aprobado este martes un nuevo mecanismo para la selección de magistrados del Poder Judicial con el objetivo de transparentar el proceso de selección. Ahora, los postulantes a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General tendrán que sortear una serie de requisitos, evaluaciones y un período de impugnaciones mucho más riguroso que el que existía.
De acuerdo a lo decidido por los legisladores bolivianos, quienes aspiren a ser jueces deberán presentar una declaración jurada y acreditar que no ejercieron funciones públicas durante el período de gobiernos militares, que tuvieron lugar entre 1967 y 1982; que no defendieron a narcotraficantes, con excepción de la defensa pública; que no participaron en acciones judiciales o administrativas que hayan favorecido la capitalización y privatización de empresas estatales, en contra de los intereses del Estado y que no tienen procesos penales pendientes, entre otras cosas.
Además, los postulantes al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General de la República deberán superar una prueba de conocimientos ante cinco profesionales destacados en el ámbito judicial. En esa evaluación, los primeros deberán elaborar una sentencia, mientras que los segundos tendrán que redactar una resolución sobre un caso planteado.
En cuanto a la prueba de méritos, se considerará la formación académica sobre 100 puntos no acumulables, cuyos puntaje máximo lo tiene el Doctorado en materias vinculadas al Derecho Constitucional, los Derechos Humanos, el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, y el mínimo el Diplomado en Derecho (10 puntos).
La producción intelectual de los aspirantes también se calificará sobre 100 puntos y abarcará la publicación de libros, textos universitarios y artículos científicos relativos al derecho. Mientras que el mismo sistema corre para evaluar la docencia y la experiencia profesional.
Luego de esa evaluación, los quince postulantes mejor calificados serán sometidos a la prueba de conocimientos, y sólo los diez mejores podrán hacer su presentación oral sobre su propuesta ante el Pleno del Congreso y quedarán habilitados para ser electos por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, distinto será el procedimiento para elegir a vocales de la Corte Nacional Electoral, ya que no habrá un criterio uniforme para su elección. Sino que se constituirá una Comisión Mixta que evaluará a cada uno de los postulantes tomando en consideración aspectos como, la idoneidad, capacidad y la valoración de criterios ético políticos.
En cuanto al la participación ciudadana en el proceso de selección, los legisladores establecieron que se habilitará un periodo de impugnación para que cualquier persona pueda presentar una denuncia u objeción fundada y plenamente documentada con prueba que la certifique.
Por otra parte, se buscará garantizar la publicidad del proceso publicando la información sobre los perfiles de los postulantes, actividades y toda otra información que sea relevante, a través de una página de Internet.
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