El juez de Nanterre, Patrick Desmure, se había declarado "incompetente" para instruir posibles cargos contra Chirac en relación con los presuntos empleos ficticios, "puede instruir los hechos pero tropieza con el artículo 68 de la Constitución". Allí se afirma que "el presidente no es responsable de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones salvo en caso de alta traición" y agrega que sólo puede ser acusado por una mayoría absoluta de las dos Cámaras del Congreso, en cuyo caso será juzgado por el Alto Tribunal de Justicia.
Desmure se negó el 15 de abril del año pasado a interrogar al presidente francés. El juez tomó esta decisión pese a que durante sus investigaciones probó que unos cuarenta miembros del RPR, fundado en 1976 por Chirac, cobraban sueldos con fondos que en parte provenían de la alcaldía que entonces ocupaba el actual jefe de Estado y en parte de empresas privadas. Las pesquisas también revelaron la existencia de una carta firmada por Chirac en la que solicitaba que se ascendiera a su secretaria y militante del partido, Madeleine Farard, quien cobraba un sueldo sin cumplir tarea alguna en el ayuntamiento.
Pese a considerar que los hechos de los que se acusa al ex presidente del RPR pueden ser calificados de "abuso de intereses", el juez Desmure se declaró "incompetente" para tratar el caso. En la audiencia celebrada en diciembre pasado en el Tribunal de Apelación de Versalles, el fiscal Alain Junillon había solicitado que se confirmara la decisión del juez Desmure, es decir la incompetencia de la justicia para procesar al presidente. La comparecencia de Chirac fue reclamada el pasado 24 de marzo por el militante ecologista Pierre-Alain Brossault, quien pedía el procesamiento del presidente por "abuso de intereses".
Brossault, que solicitaba la presencia de Chirac en calidad de "testigo" en virtud del "principio constitucional de igualdad ante la ley", recurrió el pasado 16 de abril contra el rechazo de su demanda. La posibilidad de que Chirac, que goza de inmunidad en calidad de jefe de Estado, fuera acusado divide a los juristas franceses. Mientras unos consideran que durante el ejercicio de su mandato el jefe del Estado francés no depende de la justicia ordinaria sino del Alto Tribunal de Justicia (compuesto por diputados y senadores), otros defienden la igualdad ante la ley.