04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Siguen los hiper-cuestionamientos

Tal como lo había anunciado días atrás, el diputado nacional Miguel Bonasso presentó ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político contra los camaristas Juan Cicciario y Abel Bonorino Peró en un desprendimiento de la causa Carrefour vs. Norte. Bonasso afirma que el caso representa una institucionalización de la mafia en la que convergen renombrados estudios jurídicos, empresas transnacionales, grupos financieros especulativos y funcionarios públicos cooptados.

 
El legislador acusa a los magistrados de haber dictado una “llamativa resolución” que apartó al juez Ramos Padilla de la causa seguida contra el grupo Exxel, en el marco de la investigación por la posible venta sobrevaluada del grupo Norte a Carrefour. Otra de las medidas en que se funda el planteo del diputado, fue la supresión de “importantes pruebas”, teniendo en cuenta que se trataría de “un grave caso de corrupción judicial”.

Según la denuncia, la resolución de los camaristas tuvo un “abierto interés en desmoronar la investigación, atentar contra la lucha a la corrupción y busca dar salvaguarda a intereses espurios”. Remarca que “como consecuencia de ello, hoy la causa está paralizada” y ningún juzgado ha sido designado para que siga su trámite.

Además, Bonasso sostuvo que las pruebas fueron anuladas “cuando la causa estaba en pleno avance, en una clara decisión irregular y buscando proteger el corporativismo judicial”. Mientras que remarcó que el mero defecto formal alegado por los jueces para dictar la resolución “se contrapone con el Tratado de Lucha Contra la Corrupción” al que el país adhirió.

Por otra parte, el diputado Bonasso presentó un proyecto de declaración en el Congreso para que los legisladores expresen “preocupación, inquietud y rechazo con motivo que en el caso de controversia entre las empresas Carrefour, Norte, Exxel Group y Price Waterhouse Coopers, dos peritos oficiales habrían actuado de manera delictiva y parcial a favor de una de las partes”.

La iniciativa pone énfasis en que “el caso constituye un claro ejemplo de corrupción en perjuicio de la República pues esta clase de "delitos de cuello blanco" representa una institucionalización de la mafia en la que convergen renombrados estudios jurídicos, empresas transnacionales, grupos financieros especulativos y funcionarios públicos cooptados”.

Tras la presentación de la denuncia, el expediente (322/07) se encuentra en trámite en la vocalía de la consejera Diana Conti, que preside la Comisión de Disciplina y Acusación.

dju / dju
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