Estaba pendiente de resolución la habilitación de Scioli, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Llegó a conocimiento del Tribunal cuando el diputado Jorge Sarghini impugnó la candidatura del actual vicepresidente para las elecciones provinciales que se realizan el próximo domingo junto con los comicios nacionales. Los siete integrantes del Máximo Tribunal provincial votaron unánimemente para habilitar la candidatura. Lo mismo ocurrió con el candidato Francisco De Narváez, por lo que ambos pelearán por la gobernación bonaerense.
Este martes arranca el juicio oral
En los tribunales de Santiago del Estero comenzará este martes el juicio oral por el llamado "doble crimen de La Dársena", que tuvo lugar el 6 de febrero de 2003, cuando fueron hallados los cadáveres de Leyla Bshier Nazar y de Patricia Villalba, dos jóvenes que aparecieron brutalmente asesinadas en un descampado de esa localidad, ubicada a 30 kilómetros de la capital santiagueña. En el banquillo de los acusados estarán el ex jefe de inteligencia del juarismo, el ex comisario Musa Azar; su hijo Antonio Musa Azar Cejas, alias "Musita" y otros cuatro colaboradores suyos. En el resonante caso policial, las sospechas sobre la posible participación en los crímenes de miembros del gabinete de los Juárez llevaron a numerosas movilizaciones y a la intervención de la provincia, impulsada por Néstor Kirchner, que para esa tarea designó al ex fiscal porteño Pablo Lanusse. La Cámara de Juicio Oral que tendrá a su cargo el debate está integrada por Graciela Viaña de Avendaño, Margarita Piazza de Montoto y Osvaldo Pérez Roberti. El veredicto estaría listo para el 28 de diciembre de este año.
El ex titular de Nación Fideicomisos ante el juez
Néstor Ulloa deberá declarar este martes ante el juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, en el marco de la investigación por pago de sobornos en el caso Skanska. Ulloa ya había declarado ante el ex juez federal Guillermo Montenegro, quien investigaba la línea de los presuntos cohechos cometidos por los diferentes implicados. En esa oportunidad desmintió «toda posible vinculación con el cobro de comisiones indebidas». Dado que Montenegro dejó su cargo judicial para aceptar una propuesta de Macri de formar parte de su gobierno, las indagatorias serán tomadas por el juez López Biscayart. Todas ellas son a empresarios de varias sociedades involucradas en la causa.
Denuncian a un médico por mala praxis
La Justicia de Garantías de San Isidro investiga una denuncia por mala praxis contra un médico acusado de colocarle a una mujer embarazada un dispositivo intrauterino (DIU) sin realizarse ningún estudio previo para comprobar el estado de la paciente a quien, como consecuencia de la intervención, se le debió extraer el útero. Según la denuncia, el DIU perforó el útero y el feto lo que le produjo la pérdida del embarazo y la imposibilidad de volver a tener hijos. La denuncia la investiga el juez Diego Martínez y quedó radicada como lesiones gravísimas culposas pero el abogado de la mujer, Gregorio Dalbón, adelantó que pedirá el cambio de carátula a homicidio culposo en concurso por lesiones por el aborto de una persona por nacer. También se presentó una denuncia civil por un millón de pesos contra el Sanatorio Mitre, en el que se atendió la mujer, por ser responsable solidario de los daños padecidos por la víctima.
Piden citar a estudiantes y administrativos por la adulteración de notas en la Universidad de Tucumán
El fiscal Carlos Brito solicitó al juez Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal número 2, que llame a prestar declaración indagatoria a Luis Francisco Agüero, titular de la Dirección Registro de Alumnos de la Universidad de Tucumán. También serían citados Marcela Lobo y Ernesto Wilde, empleados de esa oficina y a 63 alumnos, que están suspendidos sin poder cursar materias a raíz de un sumario administrativo que está en marcha. A los no docentes, el fiscal les imputó autoría, en concurso ideal, de los delitos previstos por los artículos 117 bis (insertar o hacer insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales) y 292 del Código Penal (falsedad ideológica, aunque en grado de tentativa, en relación con las actas de exámenes). En cuanto a los estudiantes, Brito requirió que se los cite a declarar como coautores del delito contemplado en el artículo 117 bis y como presuntos partícipes necesarios en el comienzo de la ejecución para adulterar un documento público verdadero (actas de exámenes), de modo que pueda resultar un perjuicio (artículo 292 del Código Penal), también en concurso ideal. Para realizar la maniobra, los alumnos se inscribían para rendir exámenes libres. No aprobaban o directamente no se presentaban y los imputados luego cambiaban las notas en el sistema informático de la facultad. La investigación comenzó a mediados de febrero de este año, cuando el decano y el vice decano de la Facultad de Derecho, denunciaron supuestas irregularidades con las calificaciones y ordenaron el inicio de un sumario administrativo.