En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y al mismo momento en que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia de la Nación, Amnistía Internacional instó al nuevo gobierno a elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos, en seguimiento a la petición que la organización había realizado a las candidatas y candidatos presidenciales durante la pasada campaña electoral.
La solicitud fue hecha con base en el documento “Argentina: Elecciones 2007. Llamamiento de Amnistía Internacional para la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos”, en el que se presentaron las preocupaciones y recomendaciones de la organización sobre el tema.
Allí, se propuso que las políticas públicas del nuevo programa se deben encaminar a actuar firmemente para erradicar la violencia contra la mujer, a promover y proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios, a luchar contra la impunidad y a erradicar la tortura y los malos tratos. Mientras que también se remarcó la necesidad de “promover y tomar los pasos necesarios que lleven a la abolición definitiva de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino” y la de “mantener políticas de apoyo para la realización y ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas”.
“Amnistía Internacional espera que, en el período de Gobierno que hoy inicia, esta propuesta y recomendaciones sean tomadas en cuenta, asumidas y puestas en marcha, en el marco de un Plan Nacional de Derechos Humanos que redunde en una vida mejor para las argentinas y los argentinos, en concordancia con el respeto de los derechos fundamentales”, dijo Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina.
El informe de Amnistía sostiene que Argentina ha asumido distintos compromisos al incorporar al marco normativo constitucional diferentes Tratados Internacionales, por lo que tiene el deber de “asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos fundamentales”,
En ese sentido, el petitorio enfatiza que “la firma y ratificación de esos tratados debe ser equiparada con la voluntad política que promueva, defienda e implemente medidas que hagan realidad la protección de los derechos humanos”.
De esta manera, se pidió que las políticas del nuevo gobierno “deben propender a la efectividad del derecho al trabajo, a un nivel de vida apropiado, a la salud, a la educación y a la alimentación, entre otros”. Así, uno de los pasos sería el cumplimiento de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“El Estado es el primer responsable de hacer de los derechos humanos una realidad, de respetarlos y no violarlos. Debe proteger esos derechos, garantizando que otras personas u organismos del Estado no cometan abusos contra ellos. Y debe satisfacerlos haciéndolos realidad en la práctica”, concluye el informe de Amnistía Internacional.
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