La semana pasada el plenario de Secretarios Generales de la FJA había dispuesto diversas medidas de fuerza, como actos, movilizaciones y paros para reclamar en todo el país por mejoras en las condiciones salariales. Pero la situación que vivieron empleados judiciales de Jujuy inclinó la balanza para que convocaran a una huelga nacional.
La FJA denunció que un grupo de empleados jujeños fue reprimido por la Policía cuando intentaban entregarle al gobernador entrante, Walter Barrionuevo, un petitorio con reclamos de actualización que el gremio viene realizando hace tres meses y por el cual ocho integrantes de la Asociación de Empleados Judiciales de Jujuy están en huelga de hambre.
“Jujuy es la provincia que peor paga el trabajo tribunalicio. Un ingresante percibe un salario de $800, que se integra por $400 de básico e igual suma por ítems no bonificables, ni remunerativos, lo que comúnmente se llama "pago en negro"; y las restantes categorías padecen proporcional postergación”, señaló la FJA
“Desde el mes de Octubre se profundizó el conflicto cuando frente al reclamo gremial de actualización de salarios, la Corte jujeña y el Gobierno de Fellner deciden abonar el 15% de aumento retroactivo a enero de 2007 a los magistrados sin conceder aumento alguno a los demás trabajadores del Poder Judicial”, explicó la entidad y anunció que presentará un reclamo ante el nuevo Gobierno Nacional para intentar destrabar el conflicto.
En el paro los empleados volverán a insistir en que se sancione una ley de convenciones colectivas de trabajo, la reimplantación del régimen porcentual de remuneraciones con enganche nacional y la restitución del 82 por ciento móvil para las jubilaciones de los empleados judiciales. Estos reclamos ya fueron efectuados a la largo del año en agosto y octubre con otras huelgas que incluyeron movilizaciones al Ministerio de Justicia de la Nación.
Con esos reclamos, la FJA pretenden mejorar los ingresos salariales de los empleados judiciales. La porcentualidad de los sueldos con el mecanismo conocido como “enganche” significa que las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema de la Nación o de los Superiores Tribunales de Justicia provinciales estén atados a los sueldos del resto de las categorías del escalafón para que ante el incremento que reciben aquellos también beneficie a los empleados en una determinada proporción según el cargo.
Respecto a las jubilaciones, la FJA busca que se pueda acceder a ellas con el 82 por ciento del sueldo de los empleados. La entidad señala que en algunas provincias, como Santiago del Estero, los judiciales pueden retirarse con solo el 40 por ciento de su salario por lo que muchos no se están jubilando por esa situación.