El gobierno alemán y los familiares de las víctimas de ese origen abrieron dos frentes para contrarrestar la decisión de las autoridades nacionales argentinas de negar la extradición que se solicitó de Suarez Mason, alegando que en nuestro país el ex jefe del primer cuerpo de Ejército había sido beneficiado por el indulto presidencial de 1990, complementario del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El abogado representante de Alemania, Alberto Zuppi, presentó hoy un recurso de Casación y un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara Nacional de Casación Penal objetando la decisión del gobierno argentino, ante el pedido formal por parte de un tribunal de apelaciones de Nüremberg.
Asimismo, el abogado Rodolfo Yanzón, en representación de los familiares de las víctimas alemanas, apeló la decisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Argentino “dicte los actos necesarios para reparar los derechos y garantías conculcados declarando contrarias a la Convención Americana las leyes y decretos que frustraron las expectativas de persecución penal en contra de los responsables por violaciones a los derechos humanos”.
Zuppi consideró como un hecho “inédito” la actitud asumida por las autoridades alemanas de discutir con el gobierno argentino qué leyes deben aplicarse en estos casos y su tienen supremacía los tratados internacionales, debate que debería realizarse ante los tribunales argentinos.
Suarez Mason esta acusado por la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio agravado de Elisabeth Käsemann quien fue vista con vida por última vez en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, donde permaneció alojada durante tres meses.
La justicia alemana reclamó la detención del ex general (quien fue expulsado de las filas del Ejército) por considerarlo responsable del asesinato de la joven de origen alemán ocurrido en la noche que va del 23 al 24 de marzo de 1977, en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército del cual Suarez Mason era comandante.
Käsemann fue trasladada junto con otros 15 detenidos, esposados y encapuchados, hasta la localidad de Monte Grande, en el sur del Gran Buenos Aires, donde fue ejecutada con disparos de armas de fuego a quemarropa en la espalda y en la nuca.
El reclamo de la Justicia alemana fue comunicado al entonces juez federal Gabriel Cavallo quien dispuso la inmediata detención del represor, e informó a la embajada alemana para que inicie los trámites de extradición.
Alemania, en esa instancia, consideró que “el hecho constituye un ilícito en ambas naciones, y son competentes los magistrados que intervienen en el proceso”.
Sin embargo y tras recibir el pedido formal el pasado 11 de noviembre, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena, en reemplazo del canciller Adalberto Rodriguez Giavarini, rechazó tres días después el pedido de extradición alegando que “los hechos por los cuales esta imputado han sido objeto de la causa 450 “ y con posterioridad al indulto decretado por el ex presidente Carlos Menem “dar curso al pedido iría en desmedro de la soberanía de nuestro país en virtud que importaría su invalidez y desplazaría decisiones adoptadas por autoridades legitimas en el ejercicio de los poderes públicos emanados de la Constitución Nacional”.
Sin embargo, en la presentación efectuada ante la OEA, los familiares advirtieron que Suarez Mason no “fue ni condenado ni absuelto por estos hechos, ya que fue indultado por decreto presidencial mientras se hallaba procesado”.
“En concordancia con el espíritu de las normas de impunidad decretadas por las administraciones anteriores, el gobierno argentino pretende, una vez mas, cerrar toda posibilidad jurídica de continuar con los juicios por imponer las sanciones penales correspondientes”, advirtieron.
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