El proceso quedó trabado en su momento por la aplicación del decreto 1581/01 del PEN firmado por Fernando De la Rúa, en el cual se advertía que el gobierno no accedería a pedidos de extradición de terceros estados, reafirmando el principio de territorialidad de la justicia, que sostiene que los crímenes cometidos en la Argentina deben ser juzgados aquí y no en terceros países.
Zuppi explicó a Diariojudicial.com que con esta apelación, “el estado alemán cumple con lo que dijo (el canciller alemán Gerhard) Schröeder de llevar el caso hasta las últimas consecuencias”. El abogado aseguró que “es la primera vez” que un estado extranjero recurre ante el Máximo Tribunal por una extradición”.
El letrado –que representó al estado italiano en el juicio de extradición del ex jerarca nazi Eric Priebke- remarcó que en el recurso extraordinario se reclama la “inconstitucionalidad del decreto de indulto a Suárez Mason”, concedido por el ex presidente Carlos Menem, porque “se lo indultó aunque estaba procesado y no condenado, lo que va contra la Constitución Nacional y el derecho internacional”.
Además, Zuppi planteó la inconstitucionalidad del decreto donde Fernando De la Rúa advierte a los jueces que los planteos de extradición no deben prosperar. “Ese decreto va en contra de la Convención de Ginebra y la Convención contra la tortura, que en nuestro país tiene rango constitucional”.
En su paso por la secretaría de Justicia durante la efímera administración de Adolfo Rodríguez Sáa, Zuppi anunció la derogación del decreto y produjo una interna pública en el gabinete de ministros cuando el entonces titular de las carteras de Interior y Defensa, José María Vernet, salió a descalificar la iniciativa. Ahora, desde el llano, el abogado volvió a la carga: “los delitos que se le imputan a Suárez Mason son de lesa humanidad, y la causa no está prescripta”, advirtió.
Elizabeth Kaesemann, una estudiante de ciencias económicas de treinta años, fue secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo de 1977, por fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Suárez Mason. Dos meses después, la estudiante alemana fue retenida en el centro de detención clandestino conocido como “El Vesubio”.
Según la fiscalía de Nüremberg, donde se investiga la causa, Kaesemann fue esposada y encapuchada y conducida por fuerzas de seguridad bajo el mando de Suárez Mason a la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Allí la asesinaron con nueve disparos a quemarropa en la nuca y la espalda. El cadáver de la joven fue entregado a su padre, un teólogo alemán ya fallecido, dos meses después de su desaparición, tras exigirle treinta mil dólares.
Además de Suárez Mason, la corte de Nüremberg libró órdenes de captura para Pedro Alberto Durán Sáenz, quien comandaba el centro de detención clandestino "El Vesubio", y al general retirado Juan Bautista
Tanto Sasiaiñ como Suárez Mason actualmente están bajo prisión preventiva domiciliaria, en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores hijos de desaparecidos, que se instruye en el Juzgado Federal 7, a cargo en la actualidad de Jorge Urso.
Suárez Mason ya fue condenado en ausencia en Italia, junto al también represor Santiago Riveros, como responsable del secuestro, torturas y homicidio de ocho ciudadanos ítalo-argentinos durante la última dictadura militar, entre los que se cuenta la hija de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.