"La Argentina es uno de los países líderes en materia de DD.HH."

Aunque pasa la mayor parte del año en Estados Unidos, José Manuel Vivanco viaja constantemente por todo el mundo y es quizás uno de los mejores observadores de la realidad latinoamericana en materia de derechos humanos y Justicia, desde su cargo en Human Rights Watch (HRW), una ONG presente en los cinco continentes. Desde ese lugar, analiza el proceso judicial que se desarrolla en nuestro país vinculado al terrorismo de estado. Sin dudarlo, asegura que la Argentina “quizás es el país que más liderazgo ha demostrado a nivel global” en materia de derechos humanos, aunque también destaca el caso chileno. “No me sorprendería que la discusión que se da en España actualmente esté impactada por los acontecimientos en esos dos países”, lanza desde Nueva York en una entrevista exclusiva para Diariojudicial.com. Vivanco encabezó en su momento los reclamos contra la reforma del Consejo de la Magistratura. A la distancia, advierte que ese proceso aún no está cerrado. “Estamos esperando una decisión de la Corte Suprema argentina”, para la que suelta todo tipo de elogios. “Es un modelo en la región”, opina. Vivanco admite que la relación entre el presidente Kirchner y los medios no fue buena durante todo su mandato, pero se muestra muy cauteloso a la hora de evaluar lo que pueda suceder con la presidenta electa. “La primera entrevista que dio fue con Morales Solá, del diario La Nación. Yo creo que no hay que exagerar”, dice en referencia a las críticas de los medios. El pasado lunes, tras una pequeña gira por Europa, Vivanco estuvo nuevamente en nuestro país presente en la ceremonia de asunción de Cristina Kirchner.

En su momento, ustedes habían criticado con mucha fuerza la reforma del Consejo impulsada por Cristina Kirchner. ¿Cómo ven este tema en este momento?

Todavía está pendiente la discusión de la nueva estructura del nuevo Consejo de la Magistratura porque a raíz de la legislación que impulsó el actual gobierno, al alterarse la representación interna, en beneficio del sector político, se rompió un balance que estaba fijado en la misma Constitución. Esta materia está pendiente, estamos esperando una decisión de la Corte Suprema argentina porque existen recursos de inconstitucionalidad pendientes. Nosotros hemos sido muy críticos de la reforma. Igualmente no creemos que el Consejo anterior funcionaba bien. Hemos recibido análisis que demuestran que su rendimiento ha sido muy pobre.

¿Y cómo ven a la Corte actual, luego del proceso de reforma que llevó a cabo el ahora ex presidente Néstor Kirchner?

Nosotros tenemos una excelente opinión, lo que no pasaba en el pasado, especialmente en la década de los 90, cuando salvo dos o tres excepciones había una mayoría que votaba automáticamente en función de los intereses del gobierno de turno. La Corte actual es un modelo y es ejemplar en la región.

¿Ese modelo (el de los 90) se ve replicado en otros países de América Latina?

No, no, fue un caso excepcional. Hoy en día únicamente podría ser la Corte Suprema venezolana, que ha sido directamente intervenida por Chávez. Ahí hay una Corte subordinada, es casi un apéndice del Ejecutivo. Es un caso más extremo aún que la Corte menemista. El gobierno de Chávez de un día para el otro cambió la estructura y pasó de 20 jueces a 32, es decir, nombró a 12 nuevos, todos incondicionales.

En su informe del 2006, Human Rights match destacó mucho el resurgimiento de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué balance hacen hoy del proceso judicial?

La Argentina en este momento es uno de los lideres, quizás es el país que más liderazgo ha demostrado a nivel global en ese tema. Probablemente los primeros años de Mandela, en Sudáfrica, son equiparables. La Argentina se sigue destacando por avanzar y facilitar el acceso a la Justicia y a la verdad a las víctimas del terrorismo. Ejemplos como los de la Argentina o Chile generan seguramente una reacción en cadena que ayuda a que se desaten procesos similares. No me sorprendería que la discusión que se da en España actualmente esté impactada por los acontecimientos en esos dos países. Igualmente, la Argentina debe profundizar los programas de protección de testigos. El caso López ha dado la vuelta al mundo. Hay que perfeccionar un mecanismo, aunque sea costoso, que permita a los familiares y a los testigos colaborar con la Justicia.

A la luz del caso argentino, ¿cómo ve la relación de la prensa con los gobiernos latinoamericanos?

En todos los países la relación con la prensa es conflictiva. Los casos emblemáticos, quizás, son los de Uribe y Chávez. Esto no es casual, no se hace por accidente. Se sabe que por esa vías evitan tener que responder los cuestionamientos que reciben su gobiernos; desvían la atención de la discusión con descalificaciones a los medios y a los periodistas. Es curiosa la simplicidad de la fórmula y su gran eficacia. Esos son los casos más extremos. Desgraciadamente, conversando con lideres de la región, todavía existe una incomodad muy grande frente a la labor de los medios en una sociedad abierta. Es un tema que todavía esta muy en pañales en la región. En el caso de Kirchner, es sabido que su relación con los medios no es buena. Hay como una desconfianza mutua. Cada vez que viajo a tu país los periodistas se quejan porque no se dan conferencia de prensa. Igualmente no estoy seguro que no haya libertad de expresión por eso. Chávez da conferencias todos los días, tiene programas, y nadie puede dudar que se han producido retrocesos importantes en materia de libertad de expresión en Venezuela.

¿Usted cree que esto puede cambiar en la Argentina con el recientemente asumido gobierno?

Hay un signo importante. La primera entrevista que dio la Presidenta electa fue con Morales Solá, del diario La Nación. Yo creo que no hay que exagerar. Que el gobierno de Kirchner ha tenido una política comunicacional a la defensiva, eso no cabe dudas. Ha sido una política de enfriamiento, lo cual es malo. Pero eso no me puede llevar a concluir que hay problemas de libertad de expresión en la Argentina, creo que no tiene fundamentos algo así.

¿Cómo ven ustedes el conflicto entre Argentina y Uruguay por las papeleras?

No tenemos opinión. Conocemos el conflicto, lo seguimos muy de cerca. Yo estuve en ambos países, pero este tema no estuve en la agenda. Evidentemente es un tema delicado, pero no tenemos una posición tomada.

Sí es un tema prioritario para HRW la situación de las cárceles en la región. ¿Cómo analizan el caso argentino?

No es un problema único de la Argentina, la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura es un problema que está presente desde México hasta el Cono Sur. La Argentina no se queda atrás, está entre los países con pobres condiciones carcelarias. Hay una falta de atención por parte del Estado. En los hechos, lo que prima en las cárceles es la ley del mal fuerte. Se organizan en verdaderas mafias donde para sobrevivir hay que contar con protección.

¿Qué soluciones se están aplicando en la región para mejorar este panorama?

Las soluciones son complejas, esto requiere de una revisión a fondo de las políticas criminales. Lo primero que hay que hacer es una evaluación urgente del estado de las prisiones en todas las provincias: cuál es el nivel de hacinamiento, qué abusos se producen, qué mecanismos de control hay, etc. El problema es que este un tema que no da votos. No hay una discusión de fondo, no se atiende a los problemas reales. El problema carcelario no puede ser visto únicamente como una cuestión humanitaria.



nicolás pizzi / dju