“Tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, obligan a los organismos del Estado argentino a terminar con la discriminación contra las mujeres y a implementar políticas y programas concretos y eficaces destinados a mejorar su situación”, indica el documento firmado el 3 de diciembre pasado.
Entre los artículos más destacados podrían mencionarse el 1º y el 2º, donde queda plasmada la esencia del convenio. En ese sentido, el artículo 1 detalla el fin perseguido. Este sería la “promoción y desarrollo de actividades conjuntas vinculadas con la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito de la administración de justicia e intercambio de información en las áreas de interés común de ambas instituciones”. Por otra parte, se habla de promover la “asistencia técnica recíproca en temas relacionados con la problemática de violencia contra las mujeres, de modo de garantizar mecanismos de asistencia integral”.
Conforme a lo mencionado y “a fin de determinar y coordinar las actividades”, las partes acordaron la creación de una Comisión Coordinadora integrada por Patricia Azzi y Julieta Di Corleto por el Ministerio Público, y el equipo del Observatorio de Violencia por la Dirección General de la Mujer.
En el documento, se manifestó el interés del Ministerio Público por impulsar acciones que garanticen la equidad de género en el acceso a la justicia, en tanto la formulación de “estrategias que faciliten el abordaje integral de la violencia contra las mujeres”, según expresa su redacción.
Además se explica que la Dirección General de la Mujer (dependiente de la Subsecretaría de Promoción e Integración Social del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) considera fundamental para el fortalecimiento institucional del país, el trabajo conjunto y coordinado entre agencias estatales.
En este caso, el objetivo se concretará entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio Público de Defensa de la Nación, donde se formularán programas que tiendan a evitar la discriminación y se luche por los derechos de los más discriminados.
El convenio – que tendrá una duración de un año y será prorrogable por períodos iguales sucesivos- constará de diversas tareas que se financiarán con fondos de ambas instituciones.